Poco después de las 19:30 de este miércoles 11 de noviembre, grupos de manifestantes encapuchados han empezado a lanzar piedras, botellas y fuegos artificiales contra la Policía en las inmediaciones del Passeig de Gràcia y la plaza de Cataluña. Contenedores de basura y mobiliario urbano han sido incendiados, lo que ha creado barricadas en llamas en el centro de la ciudad, mientras se rompían escaparates y, según algunas informaciones, se saqueaban comercios.
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Las imágenes muestran llamas envolviendo las barricadas y a manifestantes enfrentándose a la Policía antidisturbios, que ha respondido con proyectiles de control de masas y cargas de porra. La Policía catalana se ha desplegado para dispersar a los grupos a medida que los disturbios se extendían hacia las Ramblas.
Los enfrentamientos violentos se han desatado tras una manifestación multitudinaria que hasta entonces había sido pacífica, cuando pequeños grupos de jóvenes encapuchados se han separado de la multitud principal. La Policía municipal ha calculado que más de 55.000 personas han participado, mientras que los organizadores elevan la cifra hasta cerca de 400.000. Con la caída de la noche, los alborotadores han destrozado escaparates, han incendiado contenedores de basura y han lanzado objetos contra agentes de la Policía catalana, el cuerpo policial regional de Cataluña. Dieciocho personas han sido detenidas durante los disturbios, lo que eleva a 20 el total de arrestos del día. El presidente catalán, Salvador Illa, ha condenado la violencia y ha subrayado que no refleja el espíritu de la protesta pacífica.
Los disturbios han tenido lugar en el marco de la primera huelga general de 24 horas en España desde 2012, un paro nacional que, según los sindicatos, ha movilizado a unos cuatro millones de trabajadores. La protesta se inscribe en una ola más amplia de descontento social por el acceso a la vivienda, la falta de subida de los salarios y la inflación que en los últimos meses ha recorrido Portugal, Bélgica, Francia, Italia y Alemania. Al producirse a menos de tres semanas de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, los disturbios ejercen una enorme presión política sobre el Gobierno.
