“Habrá que dejar la organización”.
“Habrá que dejar la organización”. Ha sido la visceral reacción de Rodrigo Duterte a la petición de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito de que abandone la política de asesinatos a sospechosos de tráfico de drogas.
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Tan solo desde mayo la policía Filipina y escuadrones de la muerte con aparente cobertura oficial han matado a casi mil personas.
Duterte ha sido claro y directo: “No quiero insultar a la ONU. Pero puede que tengamos que salir de las Naciones Unidas … si es tan irrespetuosa y tan hija de puta habrá que dejar la organización”.
Las llamadas por la ONU “ejecuciones extrajudiciales de presuntos traficantes y consumidores de drogas” ilegalizadas tienen distinto eco en según qué sectores de Filipinas.
Una vendedora de fruta en un mercado callejero explicaba: “Si, ahora hay muchos menos drogadictos. Está muy bien, Duterte está haciendo muy buen trabajo. Es muy bueno para el país”.
Para la que fuera ministra de Justicia con Benigno Aquino y ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la actual senadora por el centrista Partido Liberal, Leila de Lima, el problema es estructural: “Hay corruptos en toda la estructura de gobierno, policías, fiscales y jueces, por eso nuestro sistema de justicia está roto y por eso aplauden esas desviaciones”.
La lucha policial filipina contra el narcotráfico incluye la incitación pública al asesinato de presuntos implicados en el tráfico ilegal e incluso de consumidores.