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Un documento del gobierno británico requiere exención total de jurisdicción del tribunal sobre Gran Bretaña una vez acabado el brexit.
La primera ministra, Theresa May, ha asegurado que esa línea roja se mantendrá: “Lo que vamos a hacer es elaborar nuestras propias leyes, el parlamento hará nuestras leyes. Son los jueces británicos quienes interpretarán esas leyes y será el Tribunal Supremo británico quien será el árbitro final de esas leyes. Vamos a retomar el control de nuestras leyes “.
Los críticos dicen que será imposible impedir la jurisdicción del Tribunal de Justicia, especialmente si las empresas británicas quieren seguir operando en los mercados europeos.
El gobierno británico sugiere varias posibilidades de arbitraje independientes del Tribunal.
Theresa May trató de tranquilizar a los inversores: “Lo tenemos muy claro, no estaremos bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia, haremos los arreglos necesarios para garantizar que las empresas tengan la confianza de saber que pueden seguir comerciando en toda la Unión Europea”.
En un documento del gobierno británico se mantiene firme en los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido.
Según el texto serán los tribunales británicos los que interpretarían cualquier acuerdo futuro sobre derechos de los ciudadanos. La posición británica va a ser duramente discutida en las negociaciones. Contradice todo lo dispuesto en la legislación europea sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea.
La Comisión insiste en que el Tribunal de Justicia debe seguir teniendo jurisdicción en el Reino Unido incluso después del brexit.