El pronunciamiento llega después de un enfrentamiento frente a la sede del Tribunal Constitucional el viernes por la noche, retransmitido en directo por televisión, que ha llevado una disputa de más de una década al centro del debate político europeo.
La Comisión Europea afirmó el sábado que seguía de cerca la crisis en torno al Tribunal Constitucional de Polonia, después de que el viernes por la noche se produjera un enfrentamiento frente a la sede del tribunal que fue retransmitido en directo por televisión. El incidente ha vuelto a poner el foco en una disputa que se prolonga desde hace más de una década.
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"Corresponde a las autoridades polacas garantizar que el Tribunal Constitucional pueda funcionar de conformidad con la Constitución polaca y respetando la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", declaró el sábado a 'Euronews' un portavoz de la Comisión.
"El nombramiento de ocho nuevos miembros del Tribunal Constitucional entra dentro de las competencias constitucionales del Sejm, la Cámara Baja del Parlamento polaco", añadió el portavoz.
El portavoz de la Comisión también hizo referencia a una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el 5 de mayo de 2026 dictó medidas cautelares que obligaban a las autoridades polacas competentes a "abstenerse de obstaculizar la toma de posesión y el ejercicio de las funciones judiciales de los jueces nombrados por el Sejm en marzo de 2026".
Tusk: "Restablecer la calma no significa aceptar la ilegalidad"
El primer ministro, Donald Tusk, se dirigió a los polacos en un discurso televisado el sábado por la noche, en su primera respuesta importante a la crisis. Calificó los acontecimientos del viernes de "incidentes escandalosos" y expresó su deseo de que escenas semejantes no volvieran a repetirse en Polonia.
Tusk afirmó que restablecer la calma no podía significar aceptar la ilegalidad ni la violencia, y prometió recuperar las condiciones necesarias para garantizar una Justicia independiente y el Estado de derecho. "Un Estado democrático debe ser fuerte y capaz de hacer cumplir la justicia", añadió, al tiempo que aseguró que el Estado de derecho prevalecería sobre la violencia.
La crisis se agravó el viernes por la noche, cuando el presidente Karol Nawrocki intentó acceder a la sede del Tribunal Constitucional en medio de un bloqueo por el nombramiento de nuevos jueces. La Policía rodeó el edificio mientras el enfrentamiento se desarrollaba en directo por televisión, poniendo de manifiesto la creciente confrontación entre el presidente y el Gobierno por la composición del máximo tribunal constitucional del país.
El Gobierno de Tusk sostiene que está impulsando reformas largamente necesarias para restablecer el Estado de derecho tras años de lo que considera injerencias del partido Ley y Justicia (PiS) en el Poder Judicial. La oposición acusa al Ejecutivo de Tusk de intentar perpetrar un golpe de Estado.
Los conservadores europeos acusan a la UE de guardar silencio
Los copresidentes del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) condenaron el sábado las actuaciones del Gobierno polaco, que calificaron de vulneración del Estado de derecho, y expresaron su apoyo al presidente Nawrocki.
"Las actuaciones del Gobierno de Tusk constituyen una violación clara y grave del Estado de derecho. Condenamos este ataque a la independencia judicial y a las garantías constitucionales de Polonia. Ningún Gobierno está por encima de la ley", declaró Nicola Procaccini, copresidente del ECR.
Añadió que las instituciones europeas "no deben mirar hacia otro lado" y sostuvo que el respeto a la soberanía nacional y a la independencia judicial debe seguir siendo una cuestión de principios, "al margen de las alianzas políticas".
La legitimidad del Tribunal Constitucional lleva más de una década en entredicho. La disputa se remonta a 2015, cuando la entonces gobernante Plataforma Cívica y el partido opositor Ley y Justicia se enfrentaron por el nombramiento de cinco jueces.
Desde entonces, el conflicto se ha ampliado hasta convertirse en una disputa más profunda sobre la independencia judicial, la composición del Tribunal Constitucional y la autoridad de sus resoluciones.