La crisis del Tribunal Constitucional de Polonia se ha convertido en uno de los conflictos institucionales más graves y prolongados de la historia reciente del país. Para comprender el enfrentamiento actual y sus consecuencias, es necesario remontarse a 2015.
Tras asumir el poder en 2023, la coalición de Donald Tusk emprendió medidas para revertir las reformas judiciales introducidas por el partido Ley y Justicia (PiS). La disputa entró en una nueva fase en 2026, cuando el presidente Karol Nawrocki se negó a tomar juramento a varios jueces elegidos por el Parlamento.
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El enfrentamiento alcanzó su punto álgido este viernes frente a la sede del Tribunal Constitucional, con ambas partes cuestionando la legitimidad de la otra. 'Euronews' explica el conflicto en cinco etapas clave:
1. Cinco jueces, dos nombramientos rivales (2015)
La crisis comenzó en junio de 2015, cuando la coalición saliente formada por Plataforma Cívica (PO) y el Partido Popular Polaco (PSL) modificó la ley para permitir que el Parlamento eligiera a cinco jueces del Tribunal Constitucional antes de las elecciones de octubre.
El 8 de octubre, el Parlamento saliente eligió a Roman Hauser, Andrzej Jakubecki, Krzysztof Ślebzak, Bronisław Sitek y Andrzej Sokala. Sin embargo, el presidente Andrzej Duda se negó a tomarles juramento. Tras la victoria de Ley y Justicia (PiS) en las elecciones, el nuevo Parlamento declaró nulos los nombramientos anteriores y, el 2 de diciembre, eligió a otros cinco candidatos. Duda aceptó sus juramentos.
Sin embargo, un día después, el Tribunal Constitucional dictaminó que tres de los nombramientos realizados por el Parlamento saliente eran conformes a la Constitución, mientras que los otros dos no lo eran. También señaló que el presidente debía tomar juramento sin demora a los jueces elegidos conforme a la ley.
Esto significaba que tres plazas ya habían sido cubiertas legalmente, por lo que los nombramientos posteriores del PiS para esos mismos puestos fueron impugnados. Los tres jueces designados en disputa (Mariusz Muszyński, Henryk Cioch y Lech Morawski) pasaron a ser conocidos como los "jueces suplentes" del Tribunal.
Aunque la coalición PO-PSL se había extralimitado al cubrir dos plazas de forma prematura, el PiS también cuestionó tres nombramientos que el Tribunal había considerado válidos.
2. Cambios en el Tribunal y dudas sobre su independencia (2016–2023)
Tras llegar al poder, Ley y Justicia (PiS) modificó las normas de funcionamiento del Tribunal Constitucional, incluidos los procedimientos para examinar los casos, el número de jueces necesarios y las mayorías requeridas para adoptar decisiones.
En marzo de 2016, el Tribunal declaró inconstitucionales las primeras reformas. Sin embargo, el Gobierno de la primera ministra Beata Szydło se negó a publicar la sentencia, alegando que se había dictado sin seguir los procedimientos adecuados.
La disputa se agravó después de que Julia Przyłębska asumiera la presidencia del Tribunal en diciembre de 2016. Los tres jueces nombrados por el PiS cuyos nombramientos estaban en disputa también comenzaron a participar en su actividad.
Los críticos denunciaron que las reformas socavaban la independencia judicial y sometían al Tribunal al control político. Por su parte, el PiS defendió que buscaba restablecer el funcionamiento de la institución y reformar el sistema judicial.
El conflicto también llegó a los tribunales europeos. En 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la composición del Tribunal Constitucional polaco, con la participación de Mariusz Muszyński, no cumplía el requisito de ser un tribunal establecido por ley.
Ese mismo año, el Tribunal Constitucional de Polonia también emitió sentencias que cuestionaban la primacía de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión Europea relacionadas con el Poder Judicial.
Entre 2022 y 2023 surgieron divisiones dentro del propio Tribunal. Varios jueces cuestionaron la continuidad de Przyłębska al frente de la institución, argumentando que su mandato de seis años como presidenta había expirado. Ella, en cambio, sostenía que podía permanecer en el cargo hasta el final de su mandato de nueve años como jueza.
3. La coalición de Tusk intenta revertir las reformas (2024–2025)
Tras las elecciones de octubre de 2023, la coalición de Donald Tusk convirtió la restauración del Estado de derecho en una de sus principales prioridades.
En marzo de 2024, el Parlamento polaco (conocido en el país como 'Sejm') aprobó una resolución que cuestionaba la legitimidad de tres jueces designados por Ley y Justicia (PiS), cuyos nombramientos estaban en disputa, así como la autoridad de Julia Przyłębska para presidir el Tribunal Constitucional.
En septiembre, se presentaron dos proyectos de ley de reforma que proponían cambios en el nombramiento de los jueces y el funcionamiento de la institución. El presidente Andrzej Duda remitió ambos textos al Tribunal Constitucional para su revisión, lo que impidió su entrada en vigor.
En diciembre de 2024, Duda nombró presidente del Tribunal a Bogdan Święczkowski, exfiscal nacional y estrecho colaborador de Zbigniew Ziobro. Por su parte, el Gobierno restringió la publicación de las sentencias del Tribunal en el Diario Oficial, alegando dudas sobre la legitimidad de su composición. La dirección del Tribunal calificó la medida de ilegal y defendió que sus sentencias seguían siendo vinculantes.
El resultado fue un agravamiento del bloqueo institucional: el Gobierno cuestionaba la legitimidad del Tribunal, mientras que este impugnaba la legalidad de las actuaciones del Ejecutivo.
4. Nawrocki se niega a aceptar los juramentos de cuatro jueces (2026)
La crisis se intensificó en marzo de 2026, cuando el Sejm eligió a seis nuevos jueces para sustituir a aquellos cuyos mandatos estaban por concluir: Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda y Dariusz Szostek.
El presidente actual, Karol Nawrocki, aceptó el juramento de Bentkowska y Szostek, pero rechazó el de los otros cuatro. Su oficina alegó preocupaciones respecto al procedimiento de nombramiento, incluidos los plazos y el requisito de realizar votaciones individuales. Asimismo, sostuvo que el presidente no estaba obligado a aceptar los nombramientos de forma automática.
El Gobierno mantuvo que el Sejm poseía la autoridad constitucional para elegir a los jueces y que el presidente no podía bloquear sus nombramientos.
El 9 de abril, los cuatro jueces prestaron juramento ante un notario en el Parlamento y enviaron la documentación a la Oficina Presidencial. Tanto la oficina de Nawrocki como el presidente del Tribunal, Święczkowski, rechazaron esta acción, argumentando que el juramento debía prestarse en presencia del presidente.
El 12 de mayo, el Tribunal se pronunció sobre la controversia (en el caso K 3/26), dictaminando que el presidente no estaba obligado a aceptar todos los nombramientos y que debía estar físicamente presente durante el acto de juramento. El Gobierno impugnó dicha resolución, señalando el estatus cuestionable de los jueces que integraban el tribunal.
En mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una medida provisional por la que instaba a las autoridades polacas a no obstaculizar el ejercicio de sus funciones por parte de los cuatro jueces. Por su parte, la Comisión de Venecia señaló que el papel del presidente en el acto de juramento debería ser meramente protocolario, y que una negativa o un retraso por su parte no deberían impedir que un juez asuma su cargo.
5) La controversia llega a la sede del Tribunal (octubre de 2026)
El conflicto se intensificó de nuevo este mes de octubre, cuando Maciej Berek también prestó juramento en el Parlamento, a pesar de no haber recibido ninguna invitación por parte del presidente. Święczkowski se negó a reconocer los juramentos realizados sin la presencia del presidente e impidió que algunos jueces recién elegidos participaran en la resolución de casos.
El 30 de octubre, la juez Anna Korwin-Piotrowska ordenó la suspensión de funciones, por un periodo de un mes, del presidente del Tribunal, Święczkowski, y del vicepresidente, Bartłomiej Sochański, invocando las disposiciones relativas a la suspensión temporal de los jueces. Acto seguido, ella asumió la dirección de la institución.
Según afirmó, esta medida era necesaria para restablecer el funcionamiento del Tribunal y permitir que todos los jueces elegidos por el Sejm pudieran ejercer sus funciones. La cúpula directiva vigente rechazó la decisión por considerarla ilegal, argumentando que no existía base jurídica para suspender al presidente y que los jueces que habían prestado juramento al margen del procedimiento presidencial no eran miembros de pleno derecho del tribunal.
La confrontación se trasladó entonces al interior del edificio. Tras la entrada de siete jueces en la sede, acompañados por agentes del Servicio de Protección del Estado, se produjeron forcejeos. El presidente Nawrocki llegó durante la noche y calificó los hechos como un intento de toma de control de una institución constitucional. Asimismo, solicitó consultas urgentes con los líderes políticos.
El sábado, Święczkowski declaró que él y el resto de los jueces intentarían recuperar el control del tribunal. Por su parte, Korwin-Piotrowska anunció que convocaría una Asamblea General de jueces para el 3 de noviembre.
¿Qué está en juego?
La crisis del Tribunal Constitucional de Polonia ya no se limita simplemente a los nombramientos o a quién dirige la institución. Plantea cuestiones fundamentales sobre la separación de poderes, la independencia judicial y la autoridad de las sentencias constitucionales.
Las consecuencias trascienden las instituciones políticas. Cuando las sentencias no se publican y los órganos estatales discrepan sobre su validez jurídica, la incertidumbre se extiende a leyes que afectan a los ciudadanos, a las empresas, al sistema tributario y a los servicios públicos.
Más de una década después del inicio de la crisis, los sucesivos gobiernos y presidentes no han logrado acordar una solución común. Por el contrario, cada cambio de poder ha traído consigo nuevas interpretaciones jurídicas y más disputas sobre quién tiene la autoridad para decidir.