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El Estado noruego se sienta en el baquillo de los acusados por violar la Constitución del país al abrir nuevas zonas del Ártico a la explotación petrolera.
Al menos esto es lo que aseguran los denunciantes, las organizaciones ecologistas Greenpeace y Naturaleza y Juventud, que acusan a Oslo de quebrantar el artículo 112 que garantiza el derecho a un medio ambiente sano a las futuras generaciones.
“Nuestro objetivo es que la justicia invalide las licencias que el gobierno ha concedido sentando así un importante precedente respecto a los daños medioambientales que un gobierno puede llevar a cabo sabiendo que lo que está haciendo está mal”, explica Truls Gulowsen, director de Greenpeace Noruega.
Oslo concedió en 2015 varias licencias petroleras en una nueva zona del mar de Barents.
Además de violar el artículo 112, esta decisión, aseguran las organizaciones, es contraria a los compromisos adquiridos por Noruega en el Acuerdo de París.
“Para nosotros sería toda una sorpresa que los jueces se declarasen a favor porque creemos que esta denuncia carece de toda base legal. Pero si finalmente se pronuncian a favor de los denunciantes, entonces se prohibiría cualquier emisión importante de carbono por parte de Noruega y esto tendría enormes consecuencias en nuestra industria”, asegura el fiscal general, Fredik Sejersted.
El fiscal general criticó al inicio del juicio que se use un tribunal “como arena política”.