El fundador de Wikileaks ha desafiado al país que le da asilo en su embajada de Londres porque rechaza el protocolo que Ecuador le ha impuesto y que incluye un corte de las telecomunicaciones
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Julian Assange desafía al gobierno ecuatoriano con una acción de protección constitucinal ante la justicia. El fundador de WikiLeaks considera improcedentes las normas con las que se quiere regularizar su estancia.
Ecuador le ha ofrecido dos opciones: aceptar el protocolo de convivencia, visitas y comunicaciones o salir y entregarse a la justicia británica, bajo las garantías de que no podría ser detenido por más de seis meses ni extraditado a ningún país.
Íñigo Salvador, fiscal General de Ecuador, explica que la medida se ha tomado porque su permanencia en la embajada se ha prolongado mucho más de lo que en algún momento pudo haberse esperado, y "lo mínimo que podemos hacer es atenernos a unas ciertas normas básicas de convivencia armónica, dentro de un local que no está diseñado para que una persona viva".
Ecuador defiende que no hay ninguna ley internacional que les obligue a pagar sus gastos, aunque le den asilo y se niega a intervenir en nombre de Assange. Baltasar Garzón, abogado de la defensa, exige que cese inmediatamente su incomunicación y la regulación de sus visitas, que considera que "violenta derechos fundamentales y limita el ejercicio del derecho de defensa".
Assange ha rechazado por el momento recibir el protocolo que entró en vigor el 13 de octubre y también la contraseña para tener acceso a internet, que Ecuador le cortó en marzo.