Confirmando los temores de la comunidad indígena y ecologista, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro emitió el miércoles una orden ejecutiva por la que retira de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) los poderes para demarcar las tierras indígenas, a favor del Ministerio de Agricultura.
PUBLICIDADConfirmando los peores temores de la comunidad indígena y ecologista, Jair Bolsonaro ha estrenado la Presidencia de Brasil emitiendo una orden ejecutiva por la que retira de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) los poderes para demarcar las tierras indígenas, a favor del Ministerio de Agricultura.
Realizar estudios antropológicos, identificar y elaborar propuestas de demarcaciones indígenas era una de las principales actividades que desarrollaba este órgano de Gobierno, creado en 1997 en defensa de los intereses indígenas y de su cultura.
Dejar esta tarea en manos del Ministerio de Agricultura se considera una victoria para la agroindustria brasileña, en conflicto con los intereses de los grupos ecologistas y de las comunidades indígenas.
El decreto temporal expirará a menos que sea ratificado en un plazo de 120 días por el Congreso, establece que este Ministerio será responsable de la "identificación, delimitación, demarcación y registro de las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas".
Tan solo un día después de su investidura, Bolsonaro ha tomado una decisión que hace saltar las alarmas de los grupos ecologistas y de derechos humanos que temen que el nuevo presidente de ultraderecha permita la deforestación de la vasta selva amazónica y otras áreas sensibles de Brasil para una mayor explotación comercial.
Este decreto también pone al Servicio Forestal Brasileño, que promueve el uso sostenible de los bosques y que hasta ahora estaba vinculado al Ministerio de Medio Ambiente, bajo el control del Ministerio de Agricultura, que también se encargará de la gestión de los bosques públicos.
Lee | El alto precio que paga Sudamérica por la carne que comemos en la UE
El mismo decreto determina que pasarán a estar vinculadas al Ministerio de Agricultura tanto el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) como la entidad responsable por regularizar las reservas de los quilombolas, como son conocidos los descendientes de los negros prófugos en la época de la esclavitud.
Bolsonaro, que goza de un fuerte apoyo del poderoso sector agroindustrial de Brasil, dijo durante su campaña que estaba considerando tal medida, argumentando que las tierras actualmente protegidas deberían ponerse al servicio de actividades comerciales.
La deforestación en la Amazonia alcanzó su nivel más alto en un década el pasado mes de noviembre, según el el ministerio de Medio ambiente de Brasil, que aseguró que el aumento había sido de un 14% entre agosto de 2017 y julio de 2018.
Los 900.000 indígenas de Brasil constituyen menos del 1 por ciento de la población, pero viven en tierras que ocupan 106,7 millones de hectáreas, o 12,5 por ciento del territorio nacional.
Tereza Cristina Dias, la nueva ministra de Agricultura de Bolsonaro, era la representante de la asamblea de agricultores en el Congreso de Brasil, que desde hace mucho tiempo ha presionado para que se ponga fin a las medidas de protección de la tierra de las comunidades indígenas que, según ella, frenan el sector agrícola.
El nuevo presidente igualmente prometió defender a los propietarios rurales cuyas tierras son invadidas por campesinos y anunció que presentará a consideración del Congreso un proyecto de ley que criminaliza como terrorista a quien ocupa tierras de otras personas.
De acuerdo con datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, una organización vinculada al Episcopado de la Iglesia Católica, la violencia en el campo provocada por la disputa de tierras, pese a que se redujo el año pasado, provocó 24 muertos, entre ellos 5 indios.