Muchos han visto la dimisión del primer ministro y su Gobierno como un movimiento calculado para evitar más daño a su imagen política. Pero para las 26.000 familias obligadas a devolver los beneficios sociales por acusaciones, sin fundamentos, de fraude, esta renuncia tiene un sentido de justicia.
PUBLICIDADPara el ahora ex primer ministro holandés, Mark Rutte, haber dimitido pudo suponer una pequeña derrota a corto plazo ya que es probable que gane las elecciones legislativas de marzo y lidere un nuevo gobierno de coalición. Muchos han visto esta renuncia como un movimiento calculado para evitar más daño a su imagen política. Pero para las 26.000 familias obligadas a devolver los beneficios sociales por acusaciones, sin fundamentos, de fraude, esta dimisión tiene un sentido de justicia.
"Esto es muy importante para mí, porque esta renuncia confirmará que quien realmente cometió el error fue el gobierno y debe asumir toda la responsabilidad por ello. Lo que nos hicieron no es un error menor. Si no hubiera renunciado, entonces parece que hubiera estado de acuerdo con lo que pasó, porque entonces todo hubiera sido sólo palabras. Pero por este error debe haber consecuencias reales", señaló Janet Ramesar, acusada de fraude por prestaciones familiares.
Pero el político liberal confirmó que continuará al frente de su partido como cabeza de listas para las elecciones del 17 de marzo y buscará su cuarta reelección, tal y como auguran también las encuestas, que de momento le dan incluso más escaños de los que tiene ahora.
Esta es la segunda vez que Rutte se ve obligado a presentar su dimisión como jefe de un gobierno. En 2012, tras perder el apoyo de la ultraderecha para sacar adelante sus medidas de austeridad, renunció al cargo para volver a convocar elecciones en las que salió ganador y logró formar una coalición con los socialdemócratas, a los que también salpicó esta polémica al haber estado en el gobierno que dirigía el país hasta 2017, en pleno escándalo.
Aún no está claro cómo afectará la dimisión a su imagen como jefe de gobierno, aunque este paso se entiende como simbólico por el poco tiempo que quedaba de legislatura, y los analistas creen que el próximo Ejecutivo tendrá que gestionar las consecuencias de este escándalo porque el problema de fondo sigue ahí, en la Administración de Impuestos, y faltan casos y datos por sacar a la luz.