Ecuador declaró el miércoles el estado de excepción para el sistema carcelario, en crisis por la sobrepoblación y la violencia entre bandas del narcotráfico, tras un amotinamiento que deja más de 100 muertos y 80 heridos. El estado de excepción faculta al Ejecutivo a suspender derechos civiles.
PUBLICIDADEn Ecuador, el presidente Guillermo Lasso declara el estado de escepción en las cárceles de todo el país tras el motín que dejó más de un centenar de muertos y más de cincuenta heridos en una cárcel de Guayaquil.
Este nuevo enfrentamiento entre bandas rivales, con granadas y hasta cinco decapitaciones, tendría relación con los cárteles del narcotráfico y es, según las autoridades la peor masacre penitenciaria de la historia de Ecuador.
Fausto Buenaño, General de la Policía Nacional de Ecuador asegura que los amotinados les recibieron con disparos de pistolas y armas largas. La policía respondió con armas no letales, para no agravar la situación.
Ayudas y apoyo psicológico para los familiares
Este siniestro episodio evidencia la crisis que arrastra desde hace años el sistema carcelario de Ecuador. El Gobierno ha prometido apoyo psicológico y ayudas a los familiares que aguardaban angustiados ante los servicios forenses de Guayaquil.
"Cuando nosotros vamos a la visita nos revisan todo, lo mínimo nos revisan, nos hacen hasta desnudar, no se como entran todas las armas. Todos adentro están armados, todos", asegura Juana Pinto, madre de un preso.
Los Estados tienen el deber jurídico de garantizar la seguridad en las cárceles
"Lo que nosotros queremos que nos ayuden, que el gobierno. No sé hay personas ahí adentro que por una simpleza está ahí y tiene que sufrir tantas cosas. Yo sí quiero que se tome cartas en el asunto el gobierno, que nos ayude a nosotros los pobres", implora Cecilia Quiroz, familiar de un preso.
El Gobierno de Ecuador ha prometido 24 millones de dólares, más de 20 millones de euros, para atender a las cárceles del país,
Tocando más fondo
La revuelta del martes en uno de las cárceles del puerto de Guayaquil (suroeste) pasó a ser la más sangrienta del año en el país, donde ya se registraban unos 120 presos fallecidos.
En febrero se produjeron amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles de tres ciudades ecuatorianas, en los que murieron 79 reclusos, entre ellos varios decapitados.
El estado de excepción faculta al Ejecutivo a suspender derechos civiles y el uso de la fuerza pública para restablecer la normalidad.
El gobierno de Lasso, quien asumió en mayo pasado, ya había declarado en "emergencia" al aparato penitenciario para poder movilizar recursos sin trámites burocráticos.
Más de 200 presos muertos
Tras el cruento amotinamiento carcelario del martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a condenar la violencia en las prisiones ecuatorianas.
"En 2021 serían más de 200 personas fallecidas, resultado de la violencia en penitenciarías. Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, integridad personal y seguridad de personas bajo su custodia", expresó por Twitter.
La revuelta agrava la crisis penitenciaria en Ecuador causada por los choques por el poder entre bandas criminales vinculadas a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
En Ecuador, con 17,7 millones de habitantes, la violencia ha pasado a ser permanente en sus 65 cárceles, en las que están 39.000 personas sobre una capacidad para 30.000.
Dos de las bandas que respaldan a cárteles mexicanos tienen unos 20.000 miembros
Ecuador incautó entre enero y agosto de 2021 unas 116 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, frente al récord de 128 toneladas de todo 2020.
Ubicado entre Colombia y Perú, principales productores mundiales de cocaína, el país es utilizado como tránsito para el envío de droga a Estados Unidos y Europa.