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Austria busca en Reino Unido un plan "a la ruandesa" para externalizar las solicitudes de asilo

La ministra británica del Interior, Suella Braverman, y el ministro austriaco del Interior, Viena, 2 de noviembre de 2023
La ministra británica del Interior, Suella Braverman, y el ministro austriaco del Interior, Viena, 2 de noviembre de 2023 Derechos de autor British Government
Derechos de autor British Government
Por Euronews
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Este artículo se publicó originalmente en inglés

El Gobierno conservador británico ha albergado durante mucho tiempo planes para tramitar solicitudes de asilo en Ruanda, pero los tribunales lo han declarado ilegal.

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Los gobiernos británico y austriaco han firmado un nuevo acuerdo para colaborar más estrechamente en la lucha contra la inmigración, mientras Viena pretende establecer un sistema "al estilo de Ruanda" para tramitar las solicitudes de asilo.

En un discurso pronunciado el miércoles en la capital austriaca, la ministra británica del Interior,Suella Braverman, declaró que Gran Bretaña y Austria "comparten retos para proteger nuestras fronteras, derrotar al extremismo y mantener a salvo a nuestra gente".

Según un plan similar al de Ruanda, Austria quiere llevar a cabo los trámites de los solicitantes de asilo en un tercer país antes de decidir si les deja venir a Europa o no.

El Canciller Karl Nehammer se enfrenta a unas elecciones el año que viene en medio de crecientes llamamientos a endurecer la inmigración, y en septiembre dijo que la tramitación en un tercer país era una posibilidad, para garantizar que los solicitantes de asilo rechazados "ya no pudieran esconderse en la UE o solicitar asilo en varios países europeos al mismo tiempo".

El año pasado, el Gobierno danés allanó el camino para un acuerdo con Ruanda para un plan similar, pero desde las elecciones generales el gobierno no ha avanzado con el plan.

El gobierno conservador del Reino Unido ambiciona desde hace tiempo con externalizar las solicitudes de asilo a Ruanda, y se convirtió en el primer país europeo en cerrar un acuerdo por el que paga a la nación africana más de 140 millones de euros al año por acoger a las personas que pidan ese estatuto.

Según el acuerdo, las personas a las que se concediera asilo seguirían viviendo en Ruanda, mientras que las que fueran rechazadas serían deportadas a su país de origen.

En junio de este año, el Tribunal de Apelación del Reino Unido dictaminó que el plan era ilegal, al decidir que Ruanda no podía considerarse un tercer país seguro.

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