Su paradero es desconocido desde el arresto, lo que ha encendido las alertas sobre posibles violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho en El Salvador.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su "profunda preocupación" por la presunta desaparición forzada de Ruth Eleonora López, abogada salvadoreña conocida por su postura crítica hacia el Gobierno de Nayib Bukele. López fue detenida esta semana bajo acusaciones de malversación, aunque su paradero sigue siendo desconocido desde el momento de su arresto.
"La CIDH expresa profunda preocupación ante las denuncias sobre la desaparición forzada de la defensora Ruth López, quien fue detenida por las Fuerzas de Seguridad del Estado el 18 de mayo por orden administrativa de la Fiscalía de El Salvador. Desde entonces, se desconoce su paradero", publicó el organismo en su cuenta de la red social X.
López, quien se desempeña como jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia en la ONG Cristosal, fue arrestada por agentes de la Policía alrededor de las 23:00 del pasado domingo, según informó la organización. Ni sus familiares ni su equipo legal han podido confirmar su ubicación o las condiciones de su detención.
Por su parte, la Fiscalía General de la República se limitó a emitir un comunicado en el que confirmó el arresto de López, calificándola como "asesora de confianza y mano derecha" de Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y exsecretario de comunicaciones de la Presidencia. Según la Fiscalía, López habría estado involucrada en la "sustracción de fondos públicos" durante su colaboración con Chicas.
Las ONG exigen respuestas
La ONG Cristosal ha denunciado lo que considera una "violación flagrante" de los derechos de López, exigiendo que las autoridades revelen su ubicación de manera inmediata para disipar las preocupaciones sobre su seguridad. La organización también advirtió sobre el "riesgo creciente" que enfrentan los defensores de derechos humanos en El Salvador, especialmente en un contexto donde las ONG han sido objeto de críticas directas por parte del presidente Bukele.
El caso ha despertado alarma entre organismos internacionales y activistas, quienes consideran que esta situación podría ser un reflejo del deterioro de las garantías democráticas y el Estado de derecho en el país centroamericano.