El juez Juan Carlos Peinado ha ampliado la imputación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presunta malversación vinculada a la contratación de su asesora en Moncloa. Deberá declarar en septiembre.
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El juez Juan Carlos Peinado ha decidido imputar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, un presunto delito de malversación de caudales públicos relacionado con la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Gómez ha sido citada a declarar en septiembre.
Hasta ahora, la investigación se centraba en presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, pero no en la malversación. Con esta decisión, el magistrado amplía el alcance del procedimiento.
La causa mantiene abiertas cuatro líneas de investigación: las gestiones de Gómez en favor del empresario Juan Carlos Barrabés, su papel en la cátedra y másteres que dirigía en la Universidad Complutense, el uso del software de dicha cátedra y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora.
Álvarez ha declarado en distintas fases del proceso, tanto como testigo como investigada. La Audiencia Provincial de Madrid anuló en junio su testifical y solo validó su declaración como investigada, reforzando los indicios de un posible delito de tráfico de influencias.
El auto de la Audiencia, que señala la amistad previa entre Gómez y Álvarez como factor determinante en su contratación, ha servido de base para que Peinado incorpore la imputación por malversación tanto a Gómez como a su asesora.
La decisión contrasta con la adoptada en mayo, cuando el juez imputó por malversación al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en relación con la misma contratación, pero descartó entonces extender esa acusación a Gómez y Álvarez.