Cientos de manifestantes marcharon el viernes por una de las favelas objetivo de la operación policial más mortífera de Río de Janeiro, que dejó más de 100 muertos, y piden la dimisión del gobernador del estado, Cláudio Castro.
Residentes, políticos, activistas, madres desconsoladas que perdieron a sus hijos en operaciones anteriores y personas de otros barrios de Río se reunieron para expresar su furia en Vila Cruzeiro, parte del complejo de favelas de Penha, donde días antes los residentes expusieron decenas de cadáveres que habían recogido de una zona verde tras la operación policial que dejó cientos de muertos y decenas de detenidos.
Al menos 121 personas murieron en la operación del martes, entre ellas cuatro policías, según la Policía. La Defensoría Pública de Río afirma que murieron 132 personas.
"¡Cobarde, terrorista, asesino! Tiene las manos sucias de sangre", dijo Anne Caroline dos Santos, de 30 años, refiriéndose al gobernador Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro y opositor al presidente Lula da Silva.
Castro acusó al Gobierno federal de abandonar a Río en la lucha contra el crimen organizado, una afirmación que el Gobierno de Lula refutó.
Anne llegó desde la favela más grande de Brasil, Rocinha, en la zona sur de Río, para expresar su indignación. Como muchos otros manifestantes, acusó a las fuerzas del orden de torturas y ejecuciones sumarias. "Las madres luchan ahora por recuperar los cuerpos de sus hijos y enterrarlos", dijo, añadiendo que había perdido a un amigo en la operación.
Muchos comercios han reabierto desde principios de esta semana, pero en las calles aún había señales de los recientes sucesos, como coches quemados utilizados como barricadas contra la entrada de la Policía en el barrio de bajos ingresos.
Muchos iban vestidos de blanco, lo que, según un manifestante, simbolizaba su deseo de paz, y algunas camisetas llevaban las manos rojas. Otros llevaban pancartas en las que se leía "dejad de matarnos" o pegatinas en las que se leía "no más masacres".
"Es una vergüenza para Brasil", dijo Leandro Santiago, de 44 años, que vive en Vila Cruzeiro y se gana la vida con su moto, dando paseos y haciendo repartos. "Nada justifica esto".
La operación llevada a cabo el martes, con unos 2.500 policías y soldados, tenía como objetivo la conocida banda Comando Vermelho en las favelas Complexo do Alemão y Complexo da Penha. Los objetivos declarados de la operación eran capturar a los líderes y limitar la expansión territorial de la banda, que en los últimos años ha aumentado su control sobre las favelas, pero también se ha extendido por todo Brasil, incluida la selva amazónica.
La operación policial provocó tiroteos y otras represalias de los miembros de la banda, causando escenas de caos en toda la ciudad.
Castro dijo el martes que Río estaba en guerra contra el "narcoterrorismo", un término que se hizo eco de la administración Trump en su campaña contra el contrabando de drogas en América Latina. Y consideró la operación un éxito.
El Gobierno estatal afirmó que los muertos eran delincuentes que se resistieron a la Policía.
Pero el número de muertos, el más alto jamás registrado en una operación policial en Río, provocó la condena de grupos de derechos humanos y de la ONU, así como un intenso escrutinio por parte de las autoridades. El Tribunal Supremo, fiscales y legisladores ordenaron a Castro que facilitara información detallada sobre la operación.
El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ha programado una audiencia con el gobernador del estado y los jefes de la Policía militar y civil de Río para el 3 de noviembre. Los manifestantes le llamaron "asesino" y exigieron su destitución e incluso su encarcelamiento.
"El gobernador dijo que llevaba a cabo esta operación para combatir el narcotráfico. Pero hay que reprimir a los que lo financian. Necesitamos políticas que busquen combatir la corrupción", afirmó Mônica Benício, concejala y viuda de la concejala asesinada Marielle Franco. "Asesinar a los jóvenes de las favelas no es una política pública, es una masacre", añadió.
Aunque algunos brasileños, sobre todo votantes y políticos de derechas, aplaudieron la operación contra la banda, fuertemente armada, otros se preguntaron si lograría resultados duraderos y argumentaron que muchos de los muertos eran miembros de bajo rango y fácilmente reemplazables.
El viernes, el Gobierno estatal informó de que, de los 99 sospechosos identificados hasta el momento, 42 tenían órdenes de detención pendientes y al menos 78 contaban con amplios antecedentes penales. Pero la fiscalía no ha acusado a ninguno hasta el momento.
En la protesta, muchos condenaron el estado en que se encontraron los cadáveres, al menos uno decapitado y otros con heridas punzantes o atados.
Adriana Miranda, una abogada de 48 años que participó en la manifestación del viernes, dijo que aunque los jóvenes asesinados fueran sospechosos de participar en el crimen organizado, seguían teniendo derechos.
"Hay que investigar las sospechas. Hay todo un procedimiento establecido en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que hay que seguir", dijo. "La Constitución garantiza los derechos de todos".