Tras cuatro años de investigaciones en torno a esta institución andaluza, la Guardia Civil también arresta al vicepresidente de la Diputación y al alcalde de la localidad almeriense de Fines por ejecutar presuntas comisiones ilegales en contratos de material sanitario.
Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido al presidente de la Diputación de Almería y del Partido Popular en esta provincia andaluza, Javier Aureliano García Molina, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de la localidad de Fines, también gobernada por el PP, según una información adelantada por 'eldiario.es' y confirmada por otros medios.
El caso, comandado por un juzgado almeriense desde 2021, prevé distintos registros en diferentes domicilios durante toda la mañana. Los magistrados del caso indagan sobre la ejecución de presuntas comisiones ilegalesen contratos de suministro de material sanitario, adjudicados por esta Diputación durante la pandemia.
Hay 17 investigados en esta trama, de los cuales varios declararon ante la Justicia a principios de este mes de abril, entre ellos Giménez y García Molina. Las detenciones se producen tras cuatro años de instrucción en uno de los primeros casos de corrupción derivados por malversación de fondos durante la pandemia de la COVID-19.
Las pesquisas se centran en el contrato de mascarillas, monos de protección y guantes que García Molina firmó el 8 de abril de 2020, tras un mes de confinamiento estricto en España, con la empresa Azor Corporate Ibérica. Su director, Kilian López, ya estaba siendo investigado por narcotráfico, venta de armas y blanqueo de capitales por un juzgado en Barcelona.
El 15 de junio de 2021, la UCO detuvo al vicepresidente tercero de la Diputación y encargado del área de Urbanismo, Óscar Liria, amigo de la infancia del empresario detenido y sobrino del alcalde de Fines, que hoy también ha sido detenido. Entonces se le acusó de haber cobrado comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros por la adjudicación del contrato, tasado en unos dos millones de euros. Muchos más familiares y allegados de Liria son sospechosos de haber participado en este ejercicio de caciquismo.
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