El empresario afronta hasta cinco años de cárcel por defraudar presuntamente más de 350.000 euros a Hacienda mediante el empleo de facturas falsas. Otro tribunal investiga un segundo posible delito de soborno a un directivo de Quirón, un conglomerado de la sanidad privada.
Alberto González Amador se encuentra a las puertas del banquillo, a falta de la apertura de su juicio oral, por fraude fiscal y falsedad documental. Este trámite es una mera formalidad, ya que los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid han rechazado sus recursos judiciales y tienen vía libre para iniciar el proceso.
Este futuro juicio, adelantado por 'elDiario.es', tratará de dilucidar si la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, evadió hasta 350.910 euros mediante la elaboración de 15 facturas falsas. Su investigación tributaria comenzó en 2022 y se prolongó durante dos años, hasta que las inspectoras de Hacienda derivaron el caso a la Fiscalía al percibir indicios de delito.
Las complejas y considerables consecuencias de esa delegación de competencias, resumidas en esta pieza, han llevado a juzgar al fiscal general del Estado por su presunta filtración de un correo del abogado de González Amador; correo en el que reconoció los delitos de su cliente para tratar de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Varios periodistas llamados a testificar en el juicio han asegurado ante el Alto Tribunal que recibieron dicho mail días antes que Álvaro García Ortiz.
Tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para González Amador, consultor de calidad en el sector de la salud, además de una multa de entre 448.000 y 623.000 euros. El artículo 305.1 del Código Penal estipula que los importes no ingresados e indebidamente obtenidos por encima de los 120.000 euros "serán castigados con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria".
La juez Carmen Rodríguez-Medel también ha enviado al banquillo a cuatro presuntos colaboradores del inminente procesado, quien presuntamente defraudó a Hacienda durante los ejercicios de 2020 y 2021, en plena crisis sanitaria del coronavirus.
El presunto soborno a un alto directivo de Quirón, pendiente de juicio
No se acaban aquí los problemas judiciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Otro tribunal, en esta ocasión de primera instancia, también investiga si este pagó soterradamente medio millón de euros a Fernando Camino, alto directivo del grupo Quirón.
La juez sospecha que González Amador utilizó de testaferro a la pareja de Camino al comprarle una empresa sin trabajadores o activos -Círculo de Belleza- por una cantidad mucho mayor de su valor real. También investiga si el empresario utilizó dicha compañía para simular operaciones con una de sus consultoras, Maxwell, para así pagar menos impuestos.
Estos presuntos hechos, además, se habrían producido pocos meses después de que la pareja de la presidenta madrileña se embolsase 1,9 millones de euros en plena pandemia por ejercer de intermediario en una operación de compraventa de mascarillas que involucraba a Mape, otra empresa donde Fernando Camino es consejero. Se cree, por tanto, que la operación de Círculo de Belleza fue, en realidad, un soborno encubierto a este directivo.
El grupo donde Fernando Camino ejerce como directivo, Quirón, es un importante conglomerado de la sanidad privada española, y especialmente en la Comunidad de Madrid: el grupo cuenta en esta comunidad autónoma con 45 centros médicos y hasta cuatro hospitales de gestión público-privada.