El Tribunal Supremo ha llamado a declarar a los profesionales de la información que aseguran haber recibido, por parte de otras fuentes ajenas al fiscal, el correo donde el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoce la comisión de dos delitos fiscales por parte de su cliente.
Dos periodistas han reiterado ante los cinco jueces del Tribunal Supremo que instruyen la causa contra el fiscal general del Estado que tuvieron acceso a una captura de pantalla del correo electrónico por cuya presunta filtración se juzga a Álvaro García Ortiz desde el 6 de marzo de 2024.
El correo sobre el que gira esta trama judicial pertenece al abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En él, dicho jurista -Carlos Neira- trata de alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía reconociendo la comisión de dos delitos fiscales contra Hacienda por parte de González Amador. Dos inspectoras llevaban investigando este caso desde mayo de 2022, hasta que se lo derivan a la Fiscalía al considerar que existen indicios de delito.
A la cuenta donde llega el correo de Carlos Neira, que se recibió el 2 de febrero, tienen acceso hasta dos fiscales y cuatro funcionarios, además del instructor inicial del caso, el fiscal Salto. Lo que trata de dirimir el Supremo es si el fiscal general del Estado fue el responsable de su filtración a los medios de comunicación.
'eldiario.es' publica, inicialmente, la información de la comisión del delito la mañana del 12 de marzo, pero sin el pacto de conformidad a petición de su fuente. 'El Mundo' da a conocer este detalle al día siguiente, 13 de marzo, sobre las 21:30, pero afirma que el pacto lo ofrece el fiscal Salto y no al revés, en lo que se cree que es un bulo que también está siendo investigado por el Supremo. Está acreditado en la causa que el fiscal general del Estado no dispuso del email de la 'confesión' del abogado de González Amador hasta las 21:59 horas del día 13.
Precedo ha reiterado ante los magistrados del TS que Álvaro García Ortiz no fue su fuente, aunque se ha negado a revelar su nombre debido al secreto profesional periodístico garantizado por la legislación española. El fiscal general "es inocente", ha asegurado este reportero en sede judicial. "En 22 años de carrera, García Ortiz no me ha pasado un papel nunca", ha insistido este periodista.
Se sabe que, el mismo día que recibió esta información, Precedo llamó al gabinete de prensa de la Fiscalía General para preguntar por Maxwell Cremona, la empresa de González Amador condenada. También que, al día siguiente (7 de marzo), el fiscal general es informado de esta y otras llamadas periodísticas, pidiendo a su mano derecha que recabe información sobre este caso. Esto desencadena un efecto cadena donde la información acaba en diferentes instancias del Ministerio Público.
Precedo ha mencionado también las "amenazas" que recibió su medio por parte del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, a quien le preguntó si desde el Gobierno regional querían reaccionar a la noticia que iban a publicar el 12 de marzo sobre el caso de fraude fiscal. Se cree que es Rodríguez quien fabrica el bulo sobre el pacto ofrecido por el fiscal Salto, y no por el abogado de González Amador, como terminó revelándose. Rodríguez declaró ayer al respecto como testigo en el Supremo.