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La pareja de Ayuso será procesada al haber "claros indicios" de fraude fiscal

González Amador y Ayuso (2024)
González Amador y Ayuso (2024) Derechos de autor  Canva
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Por Jesús Maturana
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La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha rechazado el recurso interpuesto contra su procesamiento por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al apreciar "claros indicios" de que se sirvió de facturas falsas para defraudar, presuntamente, 350.951 euros a Hacienda.

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En un auto del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, la juez rechaza el recurso de los abogados de este empresario contra la resolución en la que proponía juzgarle por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, por los que la Fiscalía pide para él 3 años y 9 meses de cárcel.

La magistrada argumenta en su auto que los indicios contra González Amador se basan en informes de la Agencia Tributaria y en una serie de documentos que "ponen de manifiesto la extensa y pormenorizada investigación llevada a cabo por peritos imparciales".

De todo ello, subraya la juez, "se desprende la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales al existir claros indicios de que se dedujo gastos ficticios al amparo de facturas falsas al no haberse producido las operaciones referidas en los conceptos facturados".

Los hechos imputados: un sistema de facturas falsas para defraudar a Hacienda

Según las investigaciones de la Agencia Tributaria, Alberto González Amador habría cometido dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente.

El procedimiento comenzó tras una inspección de Hacienda llevada a cabo en 2022 y que culminó con un informe -en 2023- que alertaba de irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios de 2020 y 2021.

La investigación reveló que González habría utilizado facturas falsas y empresas pantalla para no declarar todos sus beneficios conseguidos durante 2020 y 2021 y evitar así el pago de impuestos. Según las autoridades, la documentación y facturas falsas que remitió a la Agencia Tributaria acreditaban sus delitos.

La petición fiscal

La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación solicitando una condena de 3 años y 9 meses de cárcel para él por defraudar más de 350.000 euros utilizando un sistema de facturas falsas entre 2020 y 2021. La acusación incluye tanto delitos de fraude fiscal como de falsedad documental.

Cabe destacar que en junio de 2023, la Fiscalía y González Amador habían negociado un acuerdo de conformidad por el que la pareja de Ayuso reconocía su culpabilidad y aceptaba una pena de ocho meses de prisión, lo que podría haber evitado su ingreso en la cárcel, al no tener antecedentes penales. Sin embargo, este acuerdo no prosperó.

¿Quién es Alberto González Amador? De técnico sanitario a empresario investigado

Alberto González Amador es un consultor y auditor en asuntos de prevención laboral y certificación de calidad sanitaria. Su principal cliente es el Grupo Quirón, la filial española de una multinacional sanitaria, propietaria de decenas de centros hospitalarios en España.

Aunque inicialmente se le presentó como técnico sanitario cuando se hizo pública su relación con la presidenta madrileña, lo que no se sabía en ese momento era el alcance de sus negocios. Su actividad empresarial y el nivel de ingresos que manejaba llamaron la atención de las autoridades fiscales, especialmente por su alto nivel de vida a pesar de ser técnico sanitario.

Según las informaciones publicadas, González Amador es de origen andaluz, está divorciado y es padre de tres hijos. Su relación con Isabel Díaz Ayuso se hizo pública en 2021, convirtiéndose desde entonces en una figura mediática por su proximidad a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El caso ha tenido importantes ramificaciones políticas. González Amador ha iniciado una batalla legal contra Pedro Sánchez y parte de su equipo por acusarle de "delincuente". Ello ha provocado la imputación por primera vez del Fiscal General del Estado, en lo que se ha convertido en un caso de gran repercusión mediática y política.

El rechazo del recurso por parte del juzgado supone un paso más hacia el juicio oral, donde tendrá que defenderse de las acusaciones de fraude fiscal y falsedad documental que pesan sobre él.

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