La magistrada Inmaculada Iglesias avanza en la investigación sobre un presunto fraude a Hacienda cometido por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por una cuantía de unos 350.000 euros durante los años 2020 y 2021.
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La instructora que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha procesado este jueves por fraude fiscal y falsificación de documentos.
A la espera de contar con el texto de la resolución, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirman ante varios medios este auto judicial. El procesamiento se produce tras finalizar la instrucción principal del caso, que investiga un fraude a Hacienda de 350.951 euros cometido por González Amador durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. El procesado y otros cinco particulares están bajo sospecha de haber aportado facturas que no se correspondían con los servicios realmente prestados.
La Fiscalía recibió el pasado 22 de enero un informe de la Agencia Tributaria en el que se detallaban las supuestas actividades irregulares de la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Medioambiente, de la que González Amador era administrador único durante los años en los que, presuntamente, se cometió el fraude.
La maraña judicial entre González Amador, el fiscal general del Estado y la ministra de Hacienda
El abogado del nuevo procesado habría propuesto un pacto a la Fiscalía, reconociendo en nombre de su cliente la comisión de los dos delitos fiscales a cambio de una rebaja en su posible pena, lo que le ha valido el mote de "defraudador confeso" por parte de los políticos de la oposición en la Asamblea de Madrid, además de miembros del Gobierno de España. Sin embargo, González Amador ha negado ante la juez haber autorizado este acuerdo, asegurando que su abogado actuó sin su consentimiento.
Precisamente, la pareja de Ayuso se querelló contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar una nota informativa sobre este último punto de su procedimiento judicial. El Tribunal Supremo, único órgano competente para investigar a García Ortiz por su condición de aforado, pretende dilucidar si la conducta de este y su subordinada, la fiscal jefa provincial de Madrid, supuso una vulneración de los derechos de González Amador.
A su vez, el Supremo ha rechazado la demanda que el procesado presentó contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero (PSOE), por referirse a él como "defraudador confeso", emulando la estrategia discursiva de partidos regionales madrileños como Más Madrid. Las palabras de Montero son, dicen los jueces, inapropiadas para un cargo público pero "una crítica política" amparada por la libertad de expresión. Esta sentencia marca el camino a las decenas de pleitos interpuestos por el empresario contra políticos y periodistas que se han referido a él en términos similares, como el presidente Pedro Sánchez, Manuela Bergerot (Más Madrid) o el ministro de Justicia Félix Bolaños.
¿Qué dice el auto judicial?
El documento desgrana en unas 21 páginas todo el entramado de facturas y acciones fiscales que emprendió Maxwell en los años señalados. La juez es tajante en los antecedentes de hecho: "De los citados informes resulta que Maxwell Cremona SL se dedujo gastos ficticios al amparo de facturas que se reputan falsas puesto que, en esencia, no se han producido las operaciones comerciales referidas en los conceptos facturados".