El Juzgado de Leganés cita a declarar a exresponsables sanitarios y testigos clave en una causa que examina la gestión de las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19.
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El Juzgado de Leganés ha abierto una segunda investigación penal por las muertes en residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Un total de tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han sido imputados por aplicar el polémico "protocolo de no derivación" que impidió trasladar a ancianos enfermos a los hospitales, que en aquel momento estaban saturados por la gran cantidad de pacientes.
La querella, interpuesta por dos familiares de víctimas, no parte de la Fiscalía, denuncia un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal. Entre los investigados figuran Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, redactores del protocolo, que ya fueron imputados en otro juzgado de Madrid, además del exdirector del SUMMA 112, Pablo Busca, y una geriatra del Hospital Severo Ochoa. Todos ellos deberán declarar el próximo 17 de junio.
Pero antes, el próximo 3 de junio, tendrán que declarar varios testigos clave, entre ellos el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien denunció durante la pandemia la exclusión sistemática de los mayores de las residencias. También están citados Juan Abarca Cidón (presidente de HM Hospitales), el exasesor Antonio Burgueño, y las dos personas querellantes.
Un acceso limitado a los hospitales
Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia señalan que estos testimonios podrían revelar que el Gobierno regional solo derivaba a hospitales privados a quienes tenían seguro médico y que el plan de medicalización de residencias nunca se aplicó. Además, denuncian que las ambulancias dejaron de recoger a residentes sin autorización directa, limitando su acceso a la atención hospitalaria.
Este nuevo frente judicial reabre el debate sobre la gestión de las residencias en Madrid durante la pandemia de la COVID-19, y apunta directamente a las decisiones tomadas por el Ejecutivo autonómico en los momentos más críticos de la pandemia.