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En paradero desconocido 2 ex altos cargos de Ayuso imputados por los 'protocolos de la vergüenza'

Vista de un hospital de campaña temporal instalado en el recinto ferial Ifema en Madrid, España, el jueves 2 de abril de 2020.
Vista de un hospital de campaña temporal instalado en el recinto ferial Ifema en Madrid, España, el jueves 2 de abril de 2020. Derechos de autor  Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Derechos de autor Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Por Christina Thykjaer
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Dos ex altos cargos del Gobierno de Ayuso imputados por los llamados 'protocolos de la vergüenza' no se presentaron a su citación judicial por el caso de las residencias madrileñas durante la pandemia.

Dos de los tres ex altos cargos citados a declarar este martes como investigados por la gestión de las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia no comparecieron ante el juzgado.

Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sociosanitaria, y Pablo Busca Ostalaza, exresponsable del SUMMA 112, no acudieron al Juzgado de Instrucción nº 23 de Madrid ni pudieron ser localizados, pese a haber sido citados oficialmente. La acusación ha solicitado ponerlos en busca y captura.

Solo compareció Francisco Javier Martínez Peromingo, sucesor de Mur al frente de la coordinación sociosanitaria. Los tres están imputados por su participación en los llamados 'protocolos de la vergüenza', unas instrucciones internas que, según sostienen las acusaciones y varias investigaciones periodísticas, impidieron la derivación de miles de residentes de geriátricos a hospitales en los momentos más críticos de la pandemia.

Asociaciones de familiares y plataformas ciudadanas calculan que más de 7.000 personas fallecieron en residencias madrileñas sin recibir asistencia hospitalaria durante la primera ola.

Ayuso niega que los protocolos fueran discriminatorios

El Ejecutivo regional, liderado por la popular Isabel Díaz Ayuso, siempre ha negado que los protocolos fueran discriminatorios y sostiene que se trataba de criterios médicos para evitar traslados "innecesarios" en situaciones de colapso sanitario.

Sin embargo, varios altos cargos y técnicos del propio Gobierno han declarado en procedimientos paralelos que los documentos se aplicaron durante semanas como directrices obligatorias.

Este martes, decenas de familiares de fallecidos se concentraron frente a los juzgados de Plaza de Castilla con fotografías de sus allegados y pancartas en las que reclamaban "verdad, justicia y reparación".

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