Álvaro García Ortiz ha declarado por primera vez en su proceso judicial, contestando solamente a preguntas de sus defensas y negando la filtración del correo por el que se juzga, después de que 11 agentes de la Unidad Central Operativa interviniesen horas antes para explicar su proceder.
Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y encargado de la investigación que ha desembocado en un juicio al fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo, ha defendido su actuación y la de su equipo en el que ha sido un día clave para este proceso judicial, ya que también declaraba el propio Álvaro García Ortiz.
La Abogacía del Estado y la Fiscalía han tratado de aupar, durante sus interrogatorios a los agentes de la UCO, una de las principales líneas de defensa de su representado: la desproporción, argumentan, de requisar todo el contenido de su teléfono móvil con dos tarjetas SIM; dos cuentas de correo electrónico profesionales; un portátil y una cuenta de OneDrive, un sistema de almacentamiento en la nube.
Los tres peritos -cuyos testimonios siguieron a otros ocho agentes de la UCO- han declarado que las herramientas informáticas del cuerpo policial no permiten seleccionar por fechas el contenido que se desea y que, por tanto, es más práctico realizar un volcado entero del conjunto de los dispositivos. "Yo literalmente no sabía lo que estaba buscando", ha declarado uno de ellos.
"¿Sabían que el correo del 2 de febrero fue enviado a una cuenta genérica de la Fiscalía a la que tienen acceso 16 personas?", ha cuestionado Consuelo Castro, abogada del Estado. Los agentes han reconocido que ciertos datos, como ese acceso múltiple, no se reflejaron en el informe en el que se basó el juez Ángel Hurtado para derivar el caso al Supremo. También han declarado que García Ortiz mantuvo una actitud colaborativa con los agentes en todo momento.
El correo al que hace referencia Castro es la clave del caso que se juzga en el Supremo: pertenece al abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y en él dicho jurista trata de alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía, reconociendo la comisión de dos delitos fiscales contra Hacienda por parte de González Amador. El juicio trata de determinar si fue el fiscal general quien filtró su contenido a los medios de comunicación.
El teniente coronel Balas ha justificado su actuación: "Manejamos indicios que, valorados en conjunto, nos lleva a conclusiones policiales". Uno de esos "indicios" es una llamada perdida de Miguel Ángel Campos a García Ortiz, periodista de la Cadena SER que ofreció la información original del pacto con González Amador. La llamada duró cuatro segundos y nunca fue contestada, tal y como testificó el propio Campos, que también aseguró ayer martes en el TS que su fuente no es el fiscal general.
"Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas", ha expresado Balas. "Se ve un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. Tiene colaboradores, sí. Pero lo que se ve aquí es el dominio y la jerarquía", ha añadido. El representante de la Fiscalía que le interrogaba se ha apresurado a responderle: "Eso es una deducción suya enteramente libre".
El testimonio de Álvaro García Ortiz: "Hay una actuación desleal con respecto al Tribunal"
El fiscal general del Estado ha defendido, con estas declaraciones, el contestar únicamente a sus defensas durante su primera intervención en su procedimiento judicial. García Ortiz ha señalado que el correo en torno al que gira su caso ya estaba en manos de otras personas y que, por tanto, "se omiten datos fundamentales" en la querella inicial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
"El querellante omite (...) que el correo investigado y enviado por su abogado ya había sido reenviado el mismo día 2 de febrero a un tercero, perteneciente a una institución [la abogacía del Estado] que en ese momento no era parte en el proceso", ha declarado el acusado, que ha negado durante este alegato inicial que sea el filtrador del mail.
Uno de los puntos débiles de la defensa del fiscal general es su borrado de mensajes de WhatsApps y llamadas el día que se abrió la causa contra él -16 de octubre- y también que cambió de movil una semana después sin devolver el anterior dispositivo.
García Ortiz ha respondido a esta circunstancia, asegurando que borra los mensajes cada mes por seguridad. "No permito que permanezca más de un mes en mi WhatsApp la información contenida en chat que pueden tener información profesional o relaciones profesionales. No lo permito y lo hago de manera sistemática".
El tribunal ha fijado un periodo de tiempo para que las partes expongan sus alegatos finales en las próximas jornadas del juicio, que se acerca a su fase final y quedará visto para sentencia en los próximos días.