Gambia llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia en 2019 al sostener que una "operación de limpieza" del Ejército de Myanmar en 2017 vulneró la Convención sobre el Genocidio de 1948.
Myanmar afrontó el lunes acusaciones de ser responsable de genocidio contra la minoría étnica rohinyá ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas, con el inicio en La Haya de unas audiencias largamente esperadas.
El país de África Occidental Gambia presentó el caso por primera vez ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2019, al argumentar que una denominada "operación de limpieza" llevada a cabo por el Ejército de Myanmar en 2017 violó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Myanmar, país del sudeste asiático que desde entonces ha quedado bajo control militar, ha negado reiteradamente las acusaciones. En sus declaraciones iniciales, el ministro de Justicia de Gambia, Dawda Jallow, explicó que su país decidió presentar el caso por un "sentido de la responsabilidad", tras su propia experiencia con un gobierno militar.
"Debemos usar nuestra voz moral para condenar la opresión, los crímenes contra individuos y grupos, dondequiera y cuandoquiera que ocurran", dijo ante una sala llena.
Myanmar lanzó la campaña militar en el estado de Rakhine en 2017, después de un ataque perpetrado por un grupo insurgente rohinyá. Las fuerzas de seguridad fueron acusadas de violaciones masivas, asesinatos y del incendio de miles de viviendas, mientras más de 700.000 rohinyá huían al vecino Bangladesh.
Actualmente, alrededor de 1,2 millones de miembros de esta minoría perseguida languidecen en campos caóticos y superpoblados, donde los grupos armados reclutan a niños y niñas de apenas 12 años y muchas menores son obligadas a prostituirse.
Repercusiones de los recortes de ayuda
Los repentinos y severos recortes de ayuda exterior impuestos el año pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocaron el cierre de miles de escuelas en los campamentos y han causado la muerte por hambre de algunos niños.
"No tenemos nada de lo que los seres humanos deberían tener", dijo a la agencia de noticias Associated Press antes de las audiencias Yousuf Ali, quien viajó desde un campo de refugiados en Bangladesh a Países Bajos para asistir a los procedimientos.
Myanmar (antigua Birmania) estuvo representada inicialmente ante el tribunal por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien negó que las Fuerzas Armadas de su país hubieran cometido genocidio y sostuvo ante la CIJ en 2019 que el éxodo masivo de rohinyá era el desafortunado resultado de enfrentamientos con insurgentes.
La figura emblemática del movimiento prodemocrático se encuentra actualmente en prisión, tras ser condenada por lo que sus partidarios califican de cargos falsos después del golpe militar de 2021.
Myanmar impugnó la competencia del tribunal alegando que Gambia no estaba directamente implicada en el conflicto y, por tanto, no podía iniciar el proceso. Sin embargo, ambos países son signatarios de la Convención sobre el Genocidio, adoptada tras la Segunda Guerra Mundial, y en 2022 los jueces rechazaron ese argumento, permitiendo que el caso siguiera adelante.
El caso de Sudáfrica contra Israel
La decisión abrió la puerta a que Sudáfrica presentara una demanda contra Israel, al que acusa de genocidio contra los palestinos de Gaza. Israel ha negado rotundamente la acusación y ha acusado a Pretoria de dar cobertura política al grupo militante Hamás.
El fallo final del tribunal en el caso de Myanmar tendrá repercusiones en el procedimiento sudafricano, declaró a Associated Press Juliette McIntyre, experta en Derecho internacional de la Universidad de Australia Meridional.
"La prueba legal del genocidio es muy estricta, pero es posible que los jueces amplíen la definición", afirmó.
Una eventual declaración de genocidio reforzaría además la investigación en curso en otro tribunal con sede en La Haya, el Tribunal Penal Internacional. En 2024, el fiscal jefe de ese tribunal solicitó a los jueces la emisión de una orden de detención contra el jefe del régimen militar de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, por crímenes contra los rohinyá, una petición que sigue pendiente.