Tras varios meses de estancamiento, el presupuesto estatal para 2026 fue finalmente aprobado este lunes.
Tras varios meses de estancamiento y tensión, el presupuesto estatal de Francia para 2026 fue finalmente aprobado el lunes por la noche. El motivo: el rechazo de las dos mociones de censura presentadas por la izquierda ajena al Partido Socialista contra el Gobierno, tras la utilización del artículo 49.3 por el primer ministro Sébastien Lecornu el pasado viernes.
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La moción de censura presentada por la izquierda obtuvo 260 votos de los 288 necesarios. La segunda moción, presentada por la Agrupación Nacional (RN), también fue rechazada por falta de apoyo de los partidos de izquierda.
El fracaso de las dos mociones de censura conlleva automáticamente la aprobación del proyecto de ley de presupuestos, que ya lleva más de un mes de retraso. El texto debe ahora ser examinado por el Consejo Constitucional antes de su promulgación.
Este último episodio marca la culminación de un proceso caótico, sintomático de una Asamblea Nacional profundamente fragmentada desde las elecciones legislativas anticipadas de 2024.
A falta de apoyos suficientes, el jefe del Gobierno optó finalmente por utilizar el 49.3 para aprobar el texto sin votación, una decisión fuertemente criticada por sus opositores. En la Asamblea se elevó el tono. El primer ministro denunció el "desorden permanente", lamentando que algunos eligieran el peor momento posible para bloquear el debate presupuestario. RN, a través de Gaëtan Dussausaye, denunció un "presupuesto de castigos y privaciones", pidiendo la censura.
Fracturas incluso en el bando gubernamental
La copia del presupuesto del ejecutivo no cuenta con la aprobación unánime, ni siquiera entre sus partidarios. Varios representantes electos del centro y la derecha cuestionan la credibilidad del objetivo declarado de reducir el déficit público al 5% del PIB de aquí a 2026, frente al 5,4% del año anterior.
La diputada Agnès Pannier-Runacher (Ensemble pour la République) considera que este presupuesto "no prepara el futuro", criticando un aumento de la presión fiscal sobre las empresas. Según ella, algunas empresas ya han congelado la contratación a la espera de una mayor visibilidad.
El Gobierno prevé varias subidas de impuestos dirigidas a las empresas, entre ellas una sobretasa sobre los beneficios de las grandes compañías, con la que se espera recaudar más de 7.000 millones de euros. El déficit público se estima en casi 132.000 millones de euros, prácticamente igual que en 2025. Se espera que el gasto público descienda ligeramente hasta el 56,6% del PIB.
Una izquierda dividida, con los socialistas como árbitros
La Francia Insumisa y los ecologistas intentaron hasta el final convencer a los socialistas para que votaran a favor de la censura. Manuel Bompard (LFI) denunció un presupuesto vaciado de toda sustancia de izquierdas, mientras que Sandrine Rousseau recordó al PS su condición de opositor.
Pero los socialistas confirmaron que no apoyarían las mociones, garantizando así la supervivencia de facto del Gobierno.
Presionada por la Unión Europea y las agencias de calificación, Francia se ve obligada a recuperar el control de sus finanzas públicas. Este imperativo es tanto más delicado cuanto que la inestabilidad política del país no tiene precedentes.