Una investigación revela que altos cargos de Sierra Leona facilitaron la construcción ilegal de viviendas de lujo en un parque nacional clave.
Decenas de mansiones de lujo construidas de forma ilegal se han levantado en un parque nacional de Sierra Leona incluido en la lista de la Unesco, y el Gobierno ha hecho poco o nada al respecto, según una nueva investigación.
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Al menos 50 de estas viviendas se han construido o están en obras sobre terrenos que hasta 2019 eran selva tropical.
Esta deforestación es "una bomba de relojería medioambiental que hay que atajar de raíz", advierte el informe.
Las mansiones se encuentran en el barrio de Bio Barray, parte del cual se ha urbanizado ilegalmente dentro del montañoso Parque Nacional de la Península del Área Occidental, que el Gobierno de Sierra Leona ha propuesto como lugar Patrimonio Mundial de la Unesco.
El parque actúa como un importante colchón medioambiental para Freetown, la capital del país.
'Se permitió a personas influyentes ignorar la ley'
The Associated Press y The Gecko Project consiguieron en exclusiva los resultados de una investigación gubernamental sobre las construcciones ilegales que nunca se había hecho pública, casi cuatro años después de que el presidente Julius Maada Bio la encargara. El informe concluye que altos cargos del Gobierno distribuyeron títulos de propiedad de terrenos.
En una visita sobre el terreno, AP comprobó que las obras continúan.
En 2022, Bio puso en marcha la investigación para averiguar cómo se había producido la ocupación ilegal y cuáles eran los efectos de la deforestación a la que contribuye.
El Gobierno es "plenamente consciente de lo que está ocurriendo", afirma Yvonne Aki-Sawyerr, alcaldesa de Freetown y ecologista que planea disputar a Bio la presidencia en las próximas elecciones.
Sostiene que la urbanización de Bio Barray alberga a personas influyentes a las que se ha permitido ignorar la ley. "Se les está dando permiso, así de simple", añade.
Las construcciones ilegales podrían desencadenar una 'crisis del agua'
La capital de Sierra Leona se extiende en una estrecha franja de terreno entre el parque nacional y el Atlántico. En la última década, muchas de las colinas boscosas que la dominan han sido arrasadas por urbanizaciones, mineros, cultivadores de cannabis y productores de carbón vegetal.
Las construcciones de Bio Barray dentro del parque son visibles para cualquiera que conduzca hacia el sur desde la capital por una de las principales autopistas del país.
Por encima de las mansiones de Bio Barray se encuentra un embalse que suministra el 90 % del agua a los habitantes de Freetown. La investigación del Gobierno concluyó que la deforestación y otras actividades humanas en el parque nacional podrían provocar una "crisis de escasez de agua".
Bio ordenó la investigación tras un devastador incendio cerca del embalse en 2022.
Los deslizamientos de tierra son otra amenaza. Uno ocurrido en el límite del parque nacional en 2017 causó más de 1.000 muertos.
La investigación destapa una 'tala indiscriminada de zonas boscosas'
Los 13 miembros del comité investigador, entre ellos agentes de Policía, abogados, trabajadores de organizaciones sin ánimo de lucro y un miembro de la Comisión Anticorrupción de Sierra Leona, analizaron imágenes por satélite y examinaron documentos para averiguar cómo se habían obtenido permisos de construcción para viviendas dentro del parque.
El comité detectó "una eliminación generalizada e indiscriminada de zonas boscosas" a pesar de la prohibición de construir en la zona.
La mayor ocupación ilegal se produjo en Bio Barray y sus alrededores, donde la deforestación había "aumentado exponencialmente" en los meses previos a la investigación. Maada Kpenge, director general de la compañía de aguas de Freetown hasta finales del año pasado, declaró a AP que esto ponía en peligro la integridad del embalse al aumentar el riesgo de deslizamientos de tierra.
Según la investigación, los responsables del Ministerio de Tierras, Vivienda y Ordenación del Territorio sabían que "amplias extensiones" de terrenos estatales estaban siendo ocupadas ilegalmente, pero se mostraron "reticentes a actuar con firmeza por razones desconocidas".
También señalaba que algunos funcionarios alentaron esa ocupación e incluso la facilitaron para su propio beneficio.
¿Cómo pasaron a manos privadas las tierras del Estado?
Según la ley de Tierras del Estado, la 'State Land Act', el ministerio puede transferir terrenos estatales a particulares, un proceso que puede iniciarse mediante la emisión de una carta. Pero el desmonte y la construcción dentro de un parque nacional son ilegales en virtud de la Ley Forestal, según la investigación.
El ministro entonces era Denis Sandy, que firmó al menos 175 documentos concediendo arrendamientos de tierras a particulares, según la investigación, que lo calificó de "flagrante violación". El informe no precisó cuántos de ellos correspondían a terrenos en Bio Barray.
El comité recomendó medidas punitivas contra Sandy y otros 16 funcionarios citados. Sandy no respondió a los repetidos intentos de recabar su versión.
Según estas informaciones, las conclusiones de la investigación se entregaron en septiembre de 2022 al entonces jefe de gabinete de Sierra Leona, que actúa de enlace entre el presidente y los distintos organismos del Gobierno.
Un año después, la oficina del presidente difundió una foto de Bio recibiendo oficialmente las conclusiones de manos de uno de los copresidentes de la comisión. La nota que la acompañaba afirmaba, sin dar detalles, que "personas en puestos elevados" estaban implicadas en la deforestación.
Bio aseguró: "Actuaremos muy pronto y haremos todo lo que sea necesario".
Las construcciones ilegales continúan tras la investigación
Sin embargo, un análisis de imágenes por satélite de Bio Barray realizado por AP mostró que las mansiones ilegales siguen en pie y que la construcción continúa. En los meses posteriores a que el jefe de gabinete recibiera supuestamente el informe surgieron varios edificios nuevos.
En una visita de AP el año pasado, los obreros trabajaban a pleno rendimiento para terminar las viviendas.
En noviembre, el actual jefe de gabinete, David Sengeh, declaró a AP que varios organismos estatales habían actuado en base a las conclusiones de la investigación. No quiso precisar si el Consejo de Ministros había aprobado alguna sanción, alegando que sus deliberaciones no son públicas.
Sandy ocupa ahora el cargo de ministro de Obras y Bienes Públicos. Preguntado por las acusaciones contra Sandy, Sengeh respondió: "No creo que el Gobierno tome decisiones solo en función de acusaciones".
Sengeh señaló que la Comisión Anticorrupción era el organismo competente para investigar las acusaciones. Pero en una entrevista, el responsable de la ACC, Ben Kaifala, afirmó que no se había abierto ninguna investigación y negó haber visto las conclusiones del informe original.
Añadió que la ACC examinaría el informe y actuaría, pero subrayó que la protección de los parques nacionales corresponde a otros organismos públicos.
"Otras instituciones tienen que hacer su trabajo", dijo Kaifala. "Yo no puedo hacerlo por ellas".
Otro alto cargo que afirmó desconocer el informe fue Thomas Kamara, director ejecutivo de la Autoridad Nacional de Áreas Protegidas, organismo que gestiona los parques nacionales. Las conclusiones de la investigación señalaban que se habían formulado acusaciones de que personal a las órdenes de su predecesor había participado en la venta de terrenos dentro del parque nacional.
Kamara, nombrado dos meses después de que la investigación se entregara públicamente al presidente, aseguró que todas las ocupaciones del parque se habían detenido. Afirmó no tener pruebas de que funcionarios estuvieran implicados en negocios de tierras. Kamara fue destituido a finales del año pasado, acusado por el ministro de Medio Ambiente de no haber frenado esa ocupación.
Funcionarios del Estado tendrían villas dentro del parque nacional
A mediados de 2025, Bio anunció que nadie está por encima de la ley en lo que respecta a la venta ilegal de terrenos del Estado. Antes, sobre las viviendas ilegales en el parque nacional, había afirmado: "Aunque una casa fuera mía o de mi familia, sería derribada".
Las conclusiones de la investigación no identificaban a personas concretas con viviendas en Bio Barray. En total, detectaron 876 propietarios de terrenos dentro del parque nacional, pero solo 301 respondieron a la petición de presentar documentos que acreditasen sus derechos sobre la tierra.
AP identificó 46 villas dentro de los límites del parque nacional. Un sondeo puerta a puerta realizado a finales del año pasado reveló que 14 de sus propietarios trabajaban para la Administración, según vecinos, caseros y guardias de seguridad.
Entre ellos figuraban funcionarios que, según estas fuentes, trabajaban en la oficina del presidente, en el ministerio de Tierras y en la Agencia de Protección del Medio Ambiente.
El presidente de Sierra Leona aceptó inicialmente conceder una entrevista, pero después dejó de responder a las solicitudes de comentario.
Esta información se ha elaborado en colaboración con The Gecko Project, una redacción sin ánimo de lucro especializada en cuestiones medioambientales. La cobertura ha contado con el apoyo del Centro Pulitzer. AP es la única responsable de todo el contenido.