El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena al Gobierno regional iniciar "de inmediato" los trámites para crear el registro de profesionales sanitarios objetores a la interrupción voluntaria del embarazo previsto en la ley estatal.
La Comunidad de Madrid deberá iniciar los trámites para crear el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya estimado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad.
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La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal ordena al Gobierno regional comenzar "de inmediato" el proceso administrativo para elaborar y aprobar este registro, previsto en la legislación estatal sobre el aborto.
La ministra de Sanidad, Mónica García, celebró la decisión judicial y afirmó en la red social X que el registro permitirá "garantizar el aborto en la sanidad pública". El Gobierno regional había mostrado su rechazo.
La resolución judicial precisa, no obstante, que la medida cautelar no implica la creación inmediata del registro, sino la obligación de iniciar los trámites necesarios para su implantación conforme a la normativa vigente.
El recurso fue presentado por el Ministerio de Sanidad tras la negativa del Ejecutivo madrileño a desarrollar este mecanismo, lo que convirtió a Madrid en la única comunidad autónoma que no había puesto en marcha el registro contemplado en la ley orgánica aprobada en 2023.
El registro de objetores tiene carácter confidencial y pretende permitir a las administraciones sanitarias conocer cuántos profesionales se acogen a la objeción de conciencia para poder organizar los servicios y garantizar la prestación del aborto en la sanidad pública.
El conflicto entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid se judicializó después de que el Ministerio recurriera a los tribunales para exigir el cumplimiento de esta obligación legal, mientras el Ejecutivo regional defendía el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia.