La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, rechaza crear el registro de médicos objetores al aborto tras cumplirse el plazo dado por el Ministerio. Madrid deja la decisión en los tribunales y critica al Gobierno por "señalar y perseguir" a los profesionales.
La Comunidad de Madrid ha confirmado que no creará el registro de médicos objetores de conciencia al aborto, tal y como exige la ley de 2023 que modificó la normativa del aborto de 2010. La decisión llega justo cuando se cumple el plazo de un mes que el Ministerio de Sanidad había dado a Madrid, Aragón y Baleares para implementar este registro obligatorio.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha sido contundente en sus declaraciones a los medios: "En la Comunidad de Madrid, creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican abortos".
Matute ha criticado duramente al Gobierno central, al que ha calificado de "sectario", y ha dejado claro que prefiere que sea un tribunal quien decida qué hacer antes que acatar la orden del Ejecutivo. La consejera ha invocado la Constitución para defender "la libertad de objeción" y proteger a los profesionales sanitarios de la región.
El contexto: una batalla política y legal
El registro de objetores de conciencia se estableció tras la reforma de 2023 con un objetivo puramente organizativo: garantizar que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo estén disponibles en todas las comunidades autónomas. Según la ley, este registro no es público y está sujeto a protección de datos, sin que se pueda recoger el motivo de la objeción.
Hasta la fecha, 13 comunidades autónomas ya han cumplido con la obligación legal de crear este registro, entre ellas Canarias, Cataluña, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana. Andalucía y Asturias se encuentran en fase de tramitación, mientras que Aragón y Baleares han asegurado que lo crearán "sin ningún problema".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las voces más críticas con esta medida, posicionándose en contra de que "se persiga o se señale" a los profesionales que se nieguen a practicar abortos. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto cambiar la ley si llega al poder para que el registro sea de profesionales favorables a practicar abortos, y no al revés.
¿Qué pasa ahora?
Con el vencimiento del plazo, el Ministerio de Sanidad activará el procedimiento contencioso contra las comunidades que no han cumplido con la ley. Esto significa que será un juez quien obligue a Madrid, Aragón y Baleares a crear el registro si finalmente se determina que la negativa es ilegal.
Mientras tanto, Madrid mantiene su postura de confrontación con el Gobierno central, defendiendo la objeción de conciencia como un derecho constitucional que no debe ser controlado mediante registros. La batalla judicial promete ser larga y convertirse en un nuevo frente de tensión política entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la administración de Isabel Díaz Ayuso.
Cabe recordar que el 80% de los abortos financiados por el sistema público se practican en centros privados, con enormes disparidades entre comunidades. Mientras Cantabria realiza más del 88% de las interrupciones en centros públicos, regiones como Ceuta, Melilla y Extremadura derivan el 100% a la sanidad privada.