El Gobierno de España ha anunciado que impulsará una reforma de la Constitución para incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Carta Magna con el fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres".
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El Gobierno del presidente Pedro Sánchez presentó este viernes una propuesta para enmendar la Constitución con el objetivo de garantizar el derecho al aborto en España, en momentos en que esta práctica se está viendo amenazada de manera creciente en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos.
Esta medida surge en respuesta directa a la aprobación de una iniciativa en el Ayuntamiento de Madrid, con los votos de PP y Vox, que obligaría a informar a las mujeres que solicitan la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sobre el supuesto "trauma posaborto". Un concepto que, según la ministra de Sanidad, Mónica García, carece de aval científico.
"El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres", escribió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X, añadiendo que su Gobierno no dará "ni un paso atrás" en derechos sociales.
Blindaje legal contra la desinformación
Además de la reforma constitucional, el Gobierno procederá a modificar el Real Decreto 825/2010 para impedir que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban "información falsa o sin evidencia científica".
El Ejecutivo recordó que el propio Tribunal Constitucional ya reconoció la IVE como un derecho esencial de las mujeres en una sentencia del 9 de mayo de 2023. Para blindar este derecho, la nueva normativa establecerá que toda la información brindada sobre la IVE debe tener una base científica objetiva y estar respaldada por estándares de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).
El debate sobre el término "trauma posaborto" se ha intensificado, ya que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconoció que el concepto no es una "categoría científica reconocida". Por su parte, la ministra García defendió que el supuesto síndrome se basa en "mucha ideología y poca ciencia".
Para la inclusión del derecho al aborto en la Constitución, el Gobierno impulsará un procedimiento de reforma ordinario, que requiere una mayoría cualificada para su aprobación parlamentaria. De aprobarse, España se convertiría en el segundo país del mundo en consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en su Carta Magna, tras el precedente establecido por Francia en 2024.
El precedente constitucional de Francia en 2024
Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir explícitamente el acceso al aborto en su Constitución el 4 de marzo de 2024. La modificación fue aprobada por amplísima mayoría (780 votos a favor y 72 en contra) en una reunión conjunta de la Asamblea y el Senado celebrada en el hemiciclo de Versalles.
El entonces primer ministro francés, Gabriel Attal, declaró en la votación que la medida enviaba un mensaje a las mujeres: "vuestro cuerpo os pertenece y nadie tiene derecho a disponer de él en vuestro lugar". El derecho fue reconocido originalmente en Francia en 1975 con la conocida como Ley Simone Veil.