Tras las protestas del miembro minoritario de la coalición, Sumar, para incluir medidas con respecto al alquiler, finalmente se han publicado dos decretos: uno con las rebajas previstas y otro más breve sobre vivienda. La duda es, como es habitual, si sus socios los aprobarán en el Congreso.
El Boletín Oficial del Estado ya recoge desde este sábado las medidas aprobadas en el tenso Consejo extraordinario de Ministros que tuvo lugar el pasado viernes en respuesta al 'shock' energético provocado por el bombardeo sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel, así como el consecuente bloqueo del estrecho de Ormuz.
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Como ya es conocido, la reunión de la coalición gubernamental española se retrasó dos horas debido a la negativa de los ministros y la vicepresidenta segunda que conforman Sumar para apoyar el decreto de no incluirse medidas contra la subida crónica de los precios de los alquileres.
Finalmente, los ministros socialistas (y quien tiene la última palabra en el Consejo, Pedro Sánchez) claudicaron y se firmaron dos decretos-ley: por un lado, un cajón de sastre con las medidas ideadas originalmente y cuya inversión -según cálculos del Ejecutivo- supondrá unos 5.000 millones de euros. Por otro, un segundo decreto-ley que incluye las exigencias de Sumar en materia de vivienda.
El reto del Gobierno es, como viene siendo habitual, sortear los vetos de la derecha y la extrema derecha en el Congreso y de sus propios socios parlamentarios, ya que ambos decretos-leyes deben convalidarse por el poder legislativo. La derecha independentista de Junts, como era de esperar, ya ha anunciado su voto en contra con respecto al segundo por lo que, salvo sorpresas de última hora, la iniciativa de los de Yolanda Díaz nace muerta pese a su entrada en el BOE.
Rebajas impositivas a las empresas energéticas hasta verano
El Gobierno ha aprobado un rebaja del IVA de la electricidad, el gas natural y los carburantes del 21% al 10%, además de la compra de pellets y leña. También se reduce el impuesto especial sobre la electricidad hasta el 0,5% y se congela el impuesto del 7% a la generación eléctrica.
El Ejecutivo calcula que esta medida repercutirá hasta en 30 céntimos en el bolsillo de los consumidores, o el equivalente a unos 20 euros por depósito. También se topa el precio máximo del butano y el propano y se recupera la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.
El paquete contempla también el refuerzo del bono social eléctrico con mayores descuentos para consumidores vulnerables y el incremento del térmico, además garantizar a este segmento de la población sus suministros esenciales. A esto se suman ayudas directas de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como apoyos al sector de fertilizantes.
En el ámbito empresarial, se amplía en 300 millones de euros en los créditos ICO para facilitar financiación al sector agroalimentario y pesquero. También habrá nuevas deducciones en el IRPF para instalar placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, así comoayudas para mejorar la eficiencia de los edificios y beneficios fiscales para empresas que inviertan en la sustitución de equipos fósiles.
En materia laboral, el ámbito de actuación de Yolanda Díaz, se prohíbe el despido objetivo en empresas que reciban ayudas públicas vinculadas a esta crisis y se refuerzan los planes de movilidad sostenible en compañías de mayor tamaño.
La gran mayoría de las medidas, advierte el BOE, tiene una limitación temporal: hasta el 30 de junio de este año. Solamente aquellas con mayor cariz social (como el refuerzo de los bonos sociales o la garantía del suministro de agua y electricidad para consumidores vulnerables) se prorrogarán hasta el final de 2026.
La coyuntura actual no permite conocer si el conflicto iniciado en Irán, aunque extendido por varios países del Golfo y Oriente Próximo y cuyos efectos económicos se dejan notar en todo el mundo, terminará pronto o se cronificará. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su pretensión era que durase como máximo tres semanas, pero desde este sábado pasado la región ya se adentra en la cuarta semana desde los bombardeos iniciales contra el país persa.
El decreto sobre los alquileres, en el aire
Esta segunda pata de las medidas gubernamentales es mucho más concisa, sumarizándose en dos puntos: la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.
"En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la LAU", reza el BOE, "vigentes en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, en los que el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 finalice antes del 31 de diciembre de 2027 (...) se aplicará, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales. Durante esta prórroga se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor".
Por último, el segundo punto del Boletín estatal dictamina que, salvo acuerdo entre arrendador y arrendatario, la renta no se podrá subir más de un 2%. Ahora todo depende de la voluntad de las fuerzas del Congreso aunque el asunto parece abocado, al menos en el caso de este segundo decreto-ley, al fracaso.