Las víctimas, mujeres sudamericanas vulnerables, eran captadas por mensajería y trasladadas a España, donde contraían deudas de hasta 7.000 euros.
La Policía Nacional de España ha desarticulado una red de explotación sexual de mujeres sudamericanas que eran obligadas a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día en diferentes viviendas y clubes. Las víctimas solo tenían dos horas de descanso sin poder negarse a realizar ningún tipo de servicio sexual.
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Las mujeres eran trasladadas a España tras su captación a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Eran engañadas y llegaban a generar una deuda de hasta 7.000 euros. Algunas de las víctimas fueron amenazadas y coaccionadas para que continuaran ejerciendo la prostitución, llegando incluso a recibir fotografías de sus familiares en sus países de origen como forma de intimidación.
La investigación ha permitido la liberación de tres víctimas y la detención de 11 personas en las provincias de Castellón, Madrid, Sevilla y Alicante, y los principales responsables han ingresado en prisión provisional.
La red criminal les proporcionaba los billetes de ida y vuelta
La investigación policial comenzó en septiembre de 2025 tras la declaración de varias víctimas, que dieron la voz de alarma sobre la existencia de un entramado criminal de carácter internacional dedicado a la captación de mujeres de origen sudamericano para su explotación sexual en España.
Las víctimas eran captadas en sus países de origen mediante aplicaciones de mensajería instantánea. Los miembros de la organización criminal establecían contactos con mujeres en situación de vulnerabilidad personal, económica y social. A través de engaños y otras formas de manipulación conseguían ganarse su confianza y persuadirlas para viajar a España.
La red criminal les proporcionaba los billetes de ida y vuelta, la reserva del hotel y un seguro médico de viaje, todo ello con el objetivo de simular un viaje meramente turístico y evitar con ello sospechas en los controles fronterizos.
Una deuda de hasta 7.000 euros
Una vez en España, las víctimas contraían una deuda que ascendía a 7.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución para el entramado criminal. Las mujeres eran explotadas sexualmente en diferentes clubes y en pisos prostíbulo situados en Castellón, Madrid y Sevilla.
Las mujeres tenían su libertad limitada a dos horas diarias de descanso. Además, los gastos de manutención y el material profiláctico corrían a cargo de las propias víctimas. El reparto de los beneficios de los servicios sexuales era, teóricamente, del 50% para las mujeres y del 50% para la responsable del piso, aunque esta condición rara vez se cumplía.
Las víctimas también eran obligadas a ceder su imagen para publicar anuncios en páginas web de contactos, encontrándose permanentemente vigiladas por la persona responsable del inmueble. Además, debían aceptar cualquier tipo de servicio sexual, incluso sin material de protección o estando enfermas o durante la menstruación y estaban obligadas a consumir, transportar y ofrecer sustancias estupefacientes, siendo sancionadas en caso de negarse.