El juez hace este requerimiento a la Agencia Tributaria y varios bancos tras una petición de la Unidad Central Operativa (UCO) que incluye al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, artífice de la contratación de Leire Díez, y de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, también investigados.
Santiago Pedraz mueve ficha y reclama la documentación financiera y tributaria de unas seis cuentas del PSOE y de su filial catalana, el PSC, a la Agencia Tributaria y a varias entidades bancarias siguiendo una petición de la UCO. En total, casi una quincena de personas físicas o jurídicas, entre las que también figuran empresas de comunicación, deberán ser aportadas por los bancos y el organismo estatal por orden del juez de la Audiencia Nacional. Los ejercicios invetigados corresponden a 2024 y 2025.
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El magistrado también pide vía libre para acceder a más datos sobre los investigados, sean personas, empresas o partidos, sin tener que reclamar la autorización pertinente como en esta ocasión. Entre los afectados, además de los partidos, aparece el exdirigente socialista Gaspar Zarrías, su empresa Zaño Sociedad Consultores, los abogados Oliver y Jacobo Teijelo, el medio 'Crónica Libre' (que, según el sumario, habría sido financiado por Santos Cerdán) y el Grupo IKI, una agencia de comunicación.
Las pesquisas de la UCO y del juez de la AN son amplias: han reclamado desde los planes de pensiones de determinados investigados hasta operaciones intracomunitarias de las sociedades jurídicas, pasando por bienes en el extranjero. Más de 60 cuentas estarían vinculadas a Ismael Oliver, uno de los juristas investigados y acusado de canalizar los pagos del PSOE, además de ser letrado de Koldo García. El otro abogado en el punto de mira es Jacobo Teijelo, quien también habría colaborado en la trama Leire.
Caso Leire: La UCO registra Tubos Reunidos en busca de documentación
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este jueves las instalaciones de Tubos Reunidos en Bilbao y Amurrio por orden de Pedraz en el marco de una pieza separada y bajo secreto de sumario vinculada al denominado caso Leire.
De forma paralela, los investigadores han solicitado información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo que concedió en 2021 una ayuda pública de 112,8 millones de euros a la compañía metalúrgica a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado durante la pandemia.
La actuación se enmarca en una investigación más amplia sobre una presunta trama de influencias y posibles irregularidades en las que habrían participado, de acuerdo con el sumario, la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, todos ellos bajo investigación judicial.
Como contamos en esta pieza anterior informando sobre la entrada en concurso de acreedores de esta empresa noralavesa, el juez Piña comenzó a investigar si Fernández, también exasesor de Tubos Reunidos, cometió un delito de tráfico de influencias para que la compañía recibiese el préstamo de la SEPI mientras aún coleaban los efectos de la pandemia de coronavirus.
Según un informe de la propia UCO, Díez, Fernández y Alonso, amigo del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, habrían recibido sobornos de Tubos, entre otras empresas, para acelerar una adjudicación valoranda en unos 700.000 euros de unas cinco compañías diferentes: Erri Berri, el bufete Carrillo y Montes, Forestalia y Servinabar. En esta última, Cerdán habría tenido una posible participación de hasta el 45%.
En el sumario de esta rama de la investigación se apunta a que "las acciones desarrolladas por Hirurok"(el grupo de WhatsApp titulado 'nosotros tres', en euskera, a través del cual se comunicaban Díez, Fernández y Alonso) "consistieron (...) en su intermediacióncon algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda en cuestión".
"Una vez concedida", continúa el sumario, "se ha identificado una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025, a los fines de conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la cual habría podido participar Santos (Cerdán). El documento judicial aporta como pruebas unas reuniones celebradas en la sede central de los socialistas en la calle Ferraz en 2024, además de su grupo de WhatsApp.
El sumario de la AN acredita una reunión de Díez con el ex secretario de Estado de Seguridad con Rajoy
Las investigaciones judiciales continúan recopilando pruebas sobre aquellas personas públicas con las que la 'fontanera' socialista se reunió. La última figura relevante que aparece en los sumarios, demostradas a través de unas grabaciones que la propia Díez efectuó, es Francisco Martínez, número dos de Interior bajo la presidencia de Mariano Rajoy.
"Mi objetivo es limpiar. Yo no tengo ningún objetivo contra nadie. Si hay un mando que ha hecho un informe falso, tiene que estar fuera. Si hay un policía que ha hecho un informe falso, tiene que estar fuera", expresa la exconcejal cántabra en dicha documentación audiovisual. "Cuando me preguntan 'tú qué eres?' Nada. Pero lo que se llegue conmigo a un acuerdo es lo que se va a hacer. Para eso tengo el mandato y para eso tengo la orden", llega a afirmar antre Martínez.
El sumario también apunta a una conversación con Cristina Narbona, presidenta de la Ejecutiva Federal del PSOE y también pareja del antecesor de Kaja Kallas como alto representante exterior de la UE, Josep Borrell. En ella Díez le expresa que se deben "reconducir" los ataques al presidente, apoyar con "ayuda cualificada" y darle la vuelta al asunto "como un calcetín".
El Partido Popular ha pedido este jueves la dimisión de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras conocerse que Díez y la primera habrían mantenido así mismo contactos para investigar a miembros de la UCO, es decir, a sus propios subordinados.
"Me parece muy triste que alguien que un día fue juez hoy esté avalando ataques tan brutales contra investigaciones judiciales", ha dicho Alma Ezcurra, coordinadora territorial del PP, después de que Grande-Marlaska haya defendido la "plena honestidad" de la directora.