Las autoridades israelíes han comenzado a aplicar el proyecto de la prisión Cocodrilos, liderado por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, que el Gobierno presenta como refuerzo disuasorio contra presos palestinos pese a amplias objeciones legales y ambientales.
Según informaron medios israelíes, las obras de excavación comenzaron el miércoles alrededor de uno de los pabellones de seguridad de la prisión de Ketziot, donde se encuentran presos palestinos, entre ellos miembros de Hamás.
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El foso que se proyecta tendrá unos 170 metros de longitud y no será visible desde el exterior de la cárcel, mientras que responsables locales aseguraron que los preparativos están en marcha, aunque todavía no se ha decidido si finalmente se trasladarán allí los cocodrilos.
La oficina de Ben Gvir afirmó que el proyecto ha entrado en fase de ejecución, y subrayó que el Servicio de Prisiones ha elaborado un plan integral que incluye los mecanismos de cuidado y supervisión de los cocodrilos y sus lugares de alojamiento, además de la formación de su personal para vigilar el recinto y tratar con los animales.
El Ministerio de Seguridad Nacional ha asignado asimismo un presupuesto de 21 millones de séqueles, es decir entre 6,3 y 7 millones de dólares, para poner en marcha el proyecto piloto.
En un comunicado de tono contundente, el ministerio sostuvo que el proyecto aliviará la carga de los funcionarios del Servicio de Prisiones encargados de custodiar a los reclusos, y añadió que "todo aquel que ha matado, cometido masacres, violado y se ha comportado como un animal merece que le vigile un animal como él".
Una polémica decisión ministerial
Las obras de excavación llegaron pocos días después de que la ministra de Protección del Medio Ambiente, Idit Silman, aprobara una decisión para reclasificar al cocodrilo del Nilo como "animal salvaje criado en cautividad" y crear una nueva categoría de "animal salvaje criado en cautividad para uso con fines de seguridad", lo que permite emplearlo dentro de instalaciones de seguridad.
Este paso se considera una prolongación de una iniciativa que Ben Gvir había presentado anteriormente bajo el nombre de 'prisión de los cocodrilos', cuyo objetivo es desplegar cocodrilos alrededor de las cárceles que albergan detenidos palestinos.
Sin embargo, la decisión ha suscitado una fuerte oposición, ya que Silman la adoptó en contra del criterio de la asesora jurídica de su ministerio y también del posicionamiento profesional de la Autoridad de la Naturaleza y Parques de Israel, que considera que el proyecto no tiene ningún fundamento científico ni técnico.
Expertos jurídicos advirtieron además de que este cambio de fondo podría requerir una ley aprobada por la Knéset y no un simple acuerdo ministerial, dado que en la práctica reactiva un artículo que estaba suspendido en la Ley de Protección de la Vida Silvestre y añade una nueva clasificación con fines de seguridad.
Advertencias y objeciones medioambientales
La Autoridad de la Naturaleza y Parques aseguró que no ha encontrado ningún precedente en el mundo del uso de cocodrilos como medio para proteger prisiones, y recordó que la ley israelí solo permite mantener estos animales con fines educativos, de investigación científica o de sensibilización pública, pero no por motivos de seguridad.
La autoridad añadió que introducir a "un gran depredador, longevo y no autóctono" para este fin podría exponer a los guardias de prisión, a los presos y al público a riesgos físicos y medioambientales, y recalcó que "se supone que debemos proteger a estos animales, no que ellos nos protejan a nosotros".
También señaló que Israel cuenta actualmente con un número limitado de cocodrilos del Nilo en la reserva de fauna de Hamat Gader, además de más de 200 cocodrilos en la granja Crocoloco, en el desierto de Aravá, que aseguró no haber recibido ninguna solicitud oficial para suministrar cocodrilos a las cárceles.
Parte de las objeciones se basa también en experiencias previas en las que cocodrilos escaparon de granjas comerciales, lo que llevó al anterior ministro de Protección del Medio Ambiente a anular la categoría que permitía criarlos con fines comerciales debido a los riesgos de que pudieran pasar al medio natural.
No obstante, la ministra de Protección del Medio Ambiente defendió hoy el proyecto y sostuvo que lo que hace el Gobierno es "hablar el lenguaje que entienden nuestros enemigos". Considera que el fuerte aumento del número de presos de seguridad tras el siete de octubre, y la crisis de hacinamiento que ha provocado en las cárceles, obligan a buscar medios adicionales de disuasión.