"Es importante subrayar que no realizaban un trabajo ilegal", aseguró Reporteros Sin Fronteras. La ONG pide su liberación inmediata.
Ya han pasado tres días desde que los dos los periodistas franceses Gaël Mocaër y Sébastien Perez Pezzani, así como su contacto local Fred Vedomey, fueron puestos en prisión provisional por las autoridades togolesas por "falsas declaraciones".
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Reporteros Sin Fronteras (RSF), que hizo pública su identidad este miércoles 19 de agosto, ha denunciado un procedimiento tan "injustificado como desproporcionado" y ha solicitado su liberación inmediata.
Una petición tanto más urgente, según la organización, porque el estado de salud de uno de los dos periodistas despierta preocupación. "Por lo que sabemos, está también en juego la enfermedad de Sébastien, que padecería una dolencia y es una de las razones por las que insistimos especialmente en que puedan ser liberados", subraya Sadibou Marong, director de la oficina de África subsahariana de la ONG RSF.
"Corre el riesgo de sufrir una septicemia", precisa Patrice Lucchini, director general de Tony Comiti Production, la empresa para la que trabajaban los dos periodistas. Cita el "informe de un médico togolés", que asegura que es imposible operarlo en Lomé, y habla también de una "emergencia humanitaria". "Sebastian está enfermo y su situación podría deteriorarse si no recibe atención", ha reaccionado por su parte su familia, a través de RSF.
Un rodaje en regla
Gaël Mocaër, Sébastien Perez Pezzani y Fred Vedomey fueron primero detenidos el 27 de julio, cuando filmaban un mercado situado a unos 20 kilómetros de la frontera con Benín, en la región de Kara. Arrestados por "espionaje", según las autoridades togolesas, fueron posteriormente puestos en libertad por orden de un juez que no encontró ningún elemento comprometedor en sus imágenes.
Sin embargo, ese mismo día fueron nuevamente detenidos y trasladados después a Lomé, el 4 de agosto, antes de ser puestos en detención y acusados el 17 de agosto, según reveló el medio 'L'Alternative'.
"Es importante señalar que no realizaban un trabajo ilegal, simplemente estaban haciendo su trabajo y dando cuenta del día a día de las poblaciones togolesas en el marco de una serie de documentales de vocación internacional", insiste Sadibou Marong. "No hay absolutamente nada, digamos, político, nada ilegal en lo que han hecho".
RSF asegura que entraron en el país tras solicitar un visado de trabajo. También contaban con una autorización de rodaje concedida por el Ministerio de Turismo, Cultura y Artes para el programa documental 'Las rutas de lo imposible'.
"La angustia pesa a diario"
"Gaël y Sebastian son profesionales curtidos y experimentados", asegura Tony Comiti Production. "Documentan el día a día de las poblaciones para una serie de reportajes que no tiene ninguna vocación política. Simplemente contamos la vida de la gente", añade la empresa, que también ha pedido a las autoridades togolesas que los liberen.
"Gaël y Sebastian son documentalistas apasionados, profundamente comprometidos con contar la vida de las poblaciones que encuentran y con dar testimonio de sus realidades", ha escrito su familia. "La incertidumbre y la angustia pesan a diario".
Libertad de prensa y retos de seguridad
Este caso se inscribe en un clima especialmente tenso para la prensa internacional en Togo. Desde junio de 2025, 'RFI' y 'France 24' permanecen silenciadas tras su suspensión por el poder local, que las acusa de haber difundido informaciones "inexactas y tendenciosas" en el contexto de protestas populares. Hasta la fecha, ninguno de los dos medios ha podido reanudar sus emisiones en el país, según la AFP.
La situación de la libertad de prensa suscita de forma recurrente la preocupación de las organizaciones de defensa de los periodistas. El episodio más llamativo de 2024 es buena muestra de ello, el reportero francés Thomas Dietrich, enviado por 'Afrique XXI', fue detenido en plena cobertura de las manifestaciones. Condenado a seis meses de prisión con la pena suspendida, fue posteriormente devuelto a la frontera.
En el plano político, el poder sigue firmemente controlado por Faure Gnassingbé, presidente del Consejo desde 2005 tras suceder a su padre, que permaneció cerca de cuatro décadas al frente del país. Togo afronta además un importante desafío de seguridad en su extremo norte, objetivo habitual de ataques yihadistas procedentes de Burkina Faso.