Irán ha ejecutado a otro manifestante el jueves por los mortíferos disturbios de 2026 en Isfahán, mientras organizaciones de derechos humanos alertan de confesiones forzadas y penas de muerte usadas para acallar la disidencia.
Irán ha ejecutado a un ciudadano extranjero acusado de participar en protestas contra el Gobierno en la ciudad de Isfahán en enero, informó el jueves la agencia de noticias Mizan, dependiente del Poder Judicial. El medio identificó al hombre como Qaim Hosseini, pero sin revelar su nacionalidad.
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Mizan señaló que Hosseini, conocido también por el alias 'Arian', habría confesado haber participado en las protestas celebradas el 8 de enero en la plaza Ali Khani de Isfahán. Las alegaciones deben tomarse con cautela, dado que pueden haberse obtenido bajo coacción y en cualquier caso no pueden verificarse de forma independiente.
El Poder Judicial había informado previamente de que cuatro miembros de las fuerzas de seguridad murieron durante las protestas en la plaza. Las autoridades detuvieron a 59 personas tras el incidente, acusadas de participar en las manifestaciones. Otros cuatro detenidos en esta causa (Abolfazl Sepahi, Amirhossein Safari, Erfan Esfandiari y Golmohammad Mohammadi) ya habían sido ejecutados.
Mizan informó de que Hosseini portaba un arma blanca durante las protestas. Según la agencia, basándose en las pruebas del caso y en las "confesiones explícitas" de otros acusados, Hosseini estuvo activamente presente en el lugar donde murieron los agentes de seguridad y había pateado los cuerpos de los policías fallecidos.
Mizan informó además de que Hosseini había sido acusado de sustraer objetos de una organización benéfica y prenderles fuego. El Poder Judicial iraní asegura que el juicio se celebró en presencia de un abogado, un derecho generalmente inútil en la teocracia persa, y que la condena a muerte fue revisada y confirmada por el Tribunal Supremo tras su recurso.
Las confesiones forzadas
Las organizaciones de derechos humanos han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por los informes de confesiones forzadas de detenidos en Irán, así como por las restricciones al acceso efectivo a asistencia letrada, a las garantías de un juicio justo y a los derechos de los acusados durante la detención, la investigación y el juicio.
Estas acusan además a Teherán de utilizar la pena de muerte en casos vinculados a las protestas como herramienta para sembrar miedo y acallar la disidencia. Un informe publicado a principios de esta semana por el Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran, con sede en Washington, señala que Teherán ha ejecutado al menos a 901 personas desde comienzos de 2026, entre ellas 28 ejecuciones realizadas solo en agosto.
En un informe presentado a la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general António Guterres indicó que al menos 975 personas habrían sido ejecutadas en Irán en 2024, lo que supone un aumento del 17% respecto al año anterior y la cifra anual más alta registrada desde 2015. El documento también constató un nuevo incremento acusado en la primera mitad de 2025, con al menos 612 ejecuciones registradas entre enero y junio, un 119% más que en el mismo periodo de 2024.
La ONU ha expresado reiteradamente su preocupación por el uso de la pena de muerte en Irán, en particular en casos relacionados con delitos de drogas, cargos de seguridad nacional y minorías étnicas, así como por las garantías de juicio justo y el recurso a confesiones obtenidas bajo tortura.