Argentina denunciará penalmente a subsidiarias de Navitas por operar sin autorización en Malvinas. El Gobierno de Milei endurece su ofensiva contra petroleras vinculadas al proyecto Sea Lion y prepara nuevas sanciones y medidas de defensa territorial.
El Gobierno de Argentina anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra varias subsidiarias de la petrolera israelí Navitas por operar sin autorización en las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833. Según informó la Presidencia, la causa alcanzará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, IHI Associates Inc y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd, además de sus directivos y representantes.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Argentina sostiene que estas empresas "presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo Gobierno del Reino Unido" para explorar y explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de la legislación argentina. La presentación, a cargo del canciller Pablo Quirno con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, se hará ante la Justicia federal e invocará la Ley 26.659, que fija las condiciones para operar en la plataforma continental del país. La causa apunta también contra directores, gerentes, síndicos y cualquier representante que haya intervenido en el proyecto.
No es la primera vez que Buenos Aires litiga por este yacimiento: ya declaró clandestina la actividad en la zona en 2012 y presentó una denuncia similar en 2015. En 2022 sancionó directamente a Navitas, y en diciembre de 2025 el propio Gobierno de Milei rechazó formalmente la decisión de invertir 1.808 millones de euros para poner en marcha la producción.
Sea Lion, el yacimiento en el centro de la disputa
Navitas opera y controla el 65% del proyecto Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de Malvinas, en aguas que Argentina y el Reino Unido se disputan desde hace más de cuatro décadas. Su socia es la británica Rockhopper, con el 35% restante. El proyecto avanza en fase de desarrollo y prevé empezar a extraer crudo en marzo de 2028.
Las dos compañías ya habían salido a responder, aunque antes de conocerse esta denuncia penal. Tras el discurso de Milei del jueves pasado, emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraron operar con licencias "legalmente otorgadas" por el gobierno de las islas y con «el respaldo pleno y continuo" del Reino Unido, y remarcaron que no esperan que las medidas argentinas retrasen el cronograma de Sea Lion. Las acciones de Rockhopper cayeron más de un 6% en la bolsa de Londres tras ese anuncio.
La denuncia contra una empresa israelí llega en un momento singular: ese mismo lunes, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pidió públicamente a Benjamin Netanyahu que reconozca la soberanía argentina sobre Malvinas y sancione al Reino Unido "mientras la ocupación continúe". Ben Gvir acusó a los británicos de robar territorio y recursos petroleros al pueblo argentino. Horas antes, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, había reclamado la expulsión del embajador británico en Israel.
Los mensajes se dieron en medio de una tensión diplomática entre Londres y Tel Aviv por el giro del Reino Unido hacia posiciones más cercanas a la causa palestina, y no representan un cambio en la posición oficial israelí sobre la soberanía de las islas.
Milei acelera la ofensiva por Malvinas
El presidente Javier Milei había anunciado el jueves pasado su intención de endurecer las sanciones contra las petroleras que operan en Malvinas con licencias del Gobierno isleño, y adelantó el envío al Congreso de un proyecto de ley que extendería esas penas a los proveedores y prohibiría a los infractores contratar con el Estado argentino. Ese mismo día confirmó que reactivará el plan para construir una base naval en Ushuaia, a unos 700 kilómetros de las islas.
Este lunes, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, a priorizar ese proyecto en el Presupuesto 2027, que el Gobierno enviará al Parlamento este mes. "Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos", afirmó el Gobierno en su comunicado.