La Justicia argentina ordenó este miércoles detener el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas y la británica Rockhopper en las islas Malvinas, un territorio administrado por el Reino Unido cuya soberanía reclama Argentina.
La Justicia argentina ha ordenado paralizar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, promovido por las compañías Navitas y Rockhopper en las Malvinas, territorio bajo administración británica y cuya soberanía Buenos Aires reivindica.
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La juez federal Mariel Borruto ordenó, como medida cautelar, que las petroleras paralicen cualquier obra vinculada al inicio de la explotación en las Malvinas. La resolución prohíbe perforar el lecho y subsuelo marino, instalar infraestructuras para extraer y transportar crudo y realizar obras terrestres y portuarias vinculadas al proyecto.
La denuncia contra el proyecto Sea Lion fue presentada el 1 de septiembre por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Malvinas de La Plata (Cecim).
El proyecto petrolero vuelve a tensar la disputa por la soberanía de las Malvinas
La juez exigió además a Rockhopper y Navitas que informen sobre el estado del proyecto, sus planes actualizados, contratistas, entidades financieras y aseguradoras, así como los estudios ambientales realizados. El proyecto, que prevé iniciar la extracción de crudo en 2028, se desarrolla en la cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros del archipiélago, en aguas cuya soberanía reclama Argentina.
La denuncia cuestiona el proyecto por la falta de evaluación ambiental y autorización exigidas por la ley argentina, además de por su impacto en la disputa de soberanía sobre las Malvinas. Navitas y Rockhopper, junto a otras petroleras que operan en el archipiélago, también fueron denunciadas penalmente por el Gobierno argentino el pasado 8 de septiembre.
Navitas defendió que opera con licencias "válidas" concedidas por el Gobierno de las Malvinas y aseguró que las acciones judiciales en Argentina no afectarán de forma significativa al desarrollo de Sea Lion. Por su parte, el Reino Unido sostiene que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación en el archipiélago.