En las últimas semanas, pescadores han bloqueado depósitos de combustible en el sur de Francia y agricultores protestan por el alza del carburante, ahora foco de tensión política a siete meses de las elecciones.
Cuando faltan siete meses para las elecciones presidenciales en Francia, el combustible se ha convertido en un importante foco de tensión política. La escalada de los precios de la energía ha alimentado el descontento social, en medio de un choque mundial de suministro de carburantes provocado por el conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.
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En las últimas semanas, los pescadores han bloqueado depósitos de combustible y accesos a puertos en el sur de Francia, mientras que los agricultores han protagonizado movilizaciones en todo el país por el encarecimiento del carburante.
También hay indicios de que la demanda de combustible en Francia empieza a debilitarse tras varios meses de precios récord. El precio del diésel en Francia alcanzó el domingo un nuevo récord de 2,41€ el litro.
Los precios de la gasolina también superaron su anterior máximo de 2022, con la SP95-E10 —el tipo de gasolina sin plomo más utilizado en Francia— por encima de 2,17€ el litro, mientras que la SP98 superó de media los 2,28€ el litro.
En respuesta a la situación, el Gobierno francés anunció el martes la ampliación y prolongación de sus ayudas específicas al combustible para los hogares más afectados por la escalada de precios.
Las nuevas medidas costarán 450 millones de euros, lo que eleva el gasto total en ayudas al combustible hasta ahora a 1.400 millones de euros. Todo ello mientras se prevé que el déficit presupuestario de Francia alcance el 5,4 % del PIB este año, uno de los más elevados de la Unión Europea, y la deuda pública se acerque al 120 % del PIB.
El Gobierno también ha propuesto una denominada "regla de oro del combustible" para su presupuesto de 2027, según la cual cualquier ingreso fiscal adicional generado por la subida de los precios del carburante se neutralizaría y se destinaría a medidas de apoyo a los consumidores, con el objetivo de que el Estado no se beneficie de unos precios más altos en las gasolineras.
Por qué el combustible es tan caro en Francia y quién se queda con los beneficios
Los impuestos sobre el combustible en Francia son más elevados que en muchos otros países europeos, como explica Anna Creti, profesora de Economía en la Universidad Paris Dauphine, en declaraciones a Euronews.
"Esto supone una fuente importante de ingresos para el Gobierno, pero también añade una fuerte carga al precio final del combustible", señaló.
Desde marzo, Francia ha abordado la subida de los precios de la energía mediante subvenciones específicas al combustible en lugar de recortes generalizados de impuestos. El ministro de Economía francés, Roland Lescure, dijo el lunes a los periodistas que esta estrategia seguirá "sin cambios", como parte de la voluntad del Gobierno de ayudar a los hogares y sectores más afectados por el aumento del precio del carburante.
Los dos principales impuestos sobre los carburantes en Francia son la TICPE (impuesto interno de consumo sobre los productos energéticos), que generalmente se cobra como una cantidad fija por litro, y el IVA, en torno al 20 %. El IVA se aplica al precio del combustible una vez incluida la TICPE, de modo que los conductores acaban pagando IVA tanto sobre el coste básico del carburante como sobre la propia TICPE.
Pese a la percepción extendida de que los beneficios del combustible escapan en gran medida al control en Francia, el mercado está sometido a una importante supervisión y vigilancia por parte de las autoridades.
"Los distribuidores, es decir las estaciones de servicio, tienen contratos con las empresas que las abastecen, en los que se detallan cuestiones como las campañas promocionales, los márgenes que pueden obtener y la forma de gestionar problemas con los productos o interrupciones en la cadena de suministro. Así que no es un sector tan caótico como a veces se presenta", explicó Creti a Euronews.
Los precios de venta al público se determinan generalmente por el mercado, con algunas excepciones reguladas. Las empresas que venden combustible están obligadas a comunicar sus precios a la plataforma de comparación de precios del Gobierno.
"El verdadero margen de beneficio está en el refino, mucho más que en la distribución. Además, hay mucha competencia en el tramo final de la cadena, con estaciones independientes, compañías extranjeras y también Total, que puede influir indirectamente en los precios fijándolos", apuntó Creti.
En Francia, TotalEnergies ha introducido periódicamente topes de precios para limitar lo que pagan los clientes por litro, sobre todo en fases de fuerte encarecimiento del carburante. Dado su amplio despliegue de estaciones de servicio en todo el país, estas medidas han ejercido también presión competitiva sobre otros distribuidores para contener sus tarifas.
"Un número relativamente reducido de grandes compañías petroleras y energéticas abastece a miles de gasolineras individuales que compiten entre sí por los clientes", comentó Creti.
El hecho de que Francia tenga "una de las mayores flotas de vehículos diésel de Europa" también la expone a fuertes sobresaltos de precios, añadió Creti.
"Además de los vehículos particulares —en los que el diésel se utiliza para el transporte personal— también lo emplean muchas pequeñas y medianas empresas, principalmente para el transporte comercial. Los motores diésel se utilizan asimismo en aplicaciones industriales."
Esto se debe a que el mercado francés del diésel depende mucho más de las importaciones que el de gasolina, lo que lo hace especialmente vulnerable a escasez internacional, precios mayoristas más altos y mayores costes de transporte.
"Si tenemos en cuenta la inflación, los precios actuales ya han superado los niveles que desencadenaron las protestas de los 'chalecos amarillos'. Y los hemos superado varias veces, en particular en 2021 durante el periodo posterior a la COVID, y de nuevo durante la crisis de 2022-2023", añadió Creti.
Las protestas de los "chalecos amarillos" de 2018 fueron uno de los mayores episodios de agitación social reciente en Francia. El movimiento surgió del malestar por el aumento del coste de la vida, en especial por la introducción de un nuevo impuesto sobre el carbono aplicado al carburante.
Los manifestantes ocuparon y bloquearon rotondas en todo el país y organizaron marchas multitudinarias, a menudo acompañadas de enfrentamientos con la Policía.
Casi una década después, Francia sigue entre los países con los costes de combustible más altos de Europa, mientras la frustración ciudadana continúa creciendo.
Las propuestas de los candidatos presidenciales franceses
Según Diane Bolet, profesora de Ciencias Políticas en Sciences Po París, el movimiento de los chalecos amarillos marcó un punto de inflexión que obligó a los responsables políticos a definir una postura sobre el combustible.
"Realmente obligó a los políticos a decir si reconocían el impacto de la subida de los precios del carburante y hasta qué punto respaldaban a quienes tenían que vivir con sus consecuencias."
La aspirante presidencial Marine Le Pen, del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional, ha tratado de capitalizar el malestar en torno al combustible prometiendo reducir el IVA del 20 % al 5,5 %, como ya hizo en su campaña de 2022. Pero esta medida chocaría con la normativa europea sobre el IVA.
Bolet sostiene que esta propuesta se inscribe en una estrategia a largo plazo de Le Pen, estrechamente ligada al perfil demográfico y socioeconómico de los votantes a los que intenta atraer.
"Le Pen se ha apropiado de este tema desde 2018. Entiende que son preocupaciones clave para su electorado, predominantemente rural o de zonas periféricas, donde la gente depende del combustible."
Mientras tanto, el candidato de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon y su partido La France Insoumise (LFI) han prometido fijar un tope de 1,70€ el litro para la gasolina y de 1,80€ el litro para el diésel.
Ha criticado el plan de Le Pen de recortar el IVA sobre el combustible argumentando que una bajada de impuestos no garantiza que el beneficio fiscal se "traslade íntegramente al consumidor", recordando la decisión de Francia de reducir el IVA de las comidas en restaurantes, que apenas se tradujo en precios más bajos para los clientes.
Además, Mélenchon tiene una base electoral distinta a la de Le Pen, lo que condiciona el peso que los precios del carburante tienen como prioridad política en su campaña actual, subraya Bolet.
"Mélenchon tiene votantes en las periferias, pero también en las ciudades, lugares donde la gente utiliza con frecuencia el transporte público, porque su estrategia se ha centrado en las áreas urbanas. Así que, aunque el tema es importante para ellos, no lo es tanto como para el electorado de Marine Le Pen. En comparación, se entiende por qué ella lo impulsa con tanta fuerza."
Aunque los candidatos han empezado a presentar propuestas y sus principales compromisos, sus programas completos aún no se han publicado, lo que dificulta analizar en detalle sus políticas sobre el combustible.
Por ahora, el centrista Gabriel Attal y el conservador Édouard Philippe, dos antiguos jefes de Gobierno de Emmanuel Macron, respaldan medidas para mitigar el impacto del encarecimiento del carburante en los consumidores, en línea general con las políticas actuales del Ejecutivo.
Mientras, el candidato de izquierdas Raphaël Glucksmann ha puesto el acento en reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Impulsada por unos costes récord en las gasolineras, la inflación energética puede convertirse rápidamente en uno de los campos de batalla decisivos de las elecciones francesas, un foco de tensión política que recuerda en gran medida a las campañas en Estados Unidos, donde la subida de los precios de la gasolina y el coste de la vida forman parte intrínseca del debate.