Miles de personas se han movilizado en Madrid y otras ciudades tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años. La Policía ha cargado contra manifestantes en la capital, donde la protesta reclama medidas ante la crisis de la vivienda.
Miles de personas se han manifestado este miércoles en Madrid y otras ciudades españolas tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que residía desde hace más de 70 años. En la capital, la Policía ha cargado contra un grupo de manifestantes durante la protesta convocada por el Sindicato de Inquilinas, que ha denunciado la actuación de los agentes y ha asegurado que los concentrados han mantenido la movilización en defensa del derecho a la vivienda.
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La protesta se ha trasladado hasta la calle General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí, frente al polémico ático adquirido recientemente por la Comunidad de Madrid. Allí, los manifestantes han cortado parte de la vía y han coreado consignas como "Maricarmen somos todos", "Ayuso, dimisión" y "El ático para Maricarmen". Posteriormente, la movilización ha avanzado hacia el Paseo de la Castellana, donde los concentrados han vuelto a cortar el tráfico y se han producido enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional.
La concentración, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid a través de las redes sociales, ha reunido a más de 10.000 personas en la capital, según datos de la Delegación del Gobierno, frente al edificio donde se encuentra la polémica y lujosa vivienda adquirida por el Ejecutivo regional a través de la empresa pública Planifica Madrid.
Los manifestantes han denunciado también el papel de Urbagestión Desarrollo e Inversión, la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen y a la que el Sindicato de Inquilinas califica de "fondo buitre". La organización acusa a la propiedad de haberse negado a alcanzar un acuerdo que permitiera a la mujer permanecer en la casa y ha situado su caso como ejemplo de la presión inmobiliaria y la falta de protección de los inquilinos vulnerables.
Las protestas se han extendido también a otras ciudades. Se han convocado concentraciones en Barcelona, Sevilla, Ávila, Cádiz, Palma, Toledo, Valencia, Guadalajara, Málaga, Huelva y Oviedo, entre otros puntos, en rechazo al desahucio y para reclamar medidas frente a la crisis de la vivienda.
Desahuciada después de más de 70 años en su casa
Maricarmen ha sido desalojada este miércoles de su vivienda en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, después de varios intentos anteriores de ejecutar el desahucio.
Desde primera hora de la mañana, vecinos y activistas se han concentrado frente al inmueble para tratar de impedir el lanzamiento. La Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo en la zona y se han vivido momentos de tensión entre los agentes y los manifestantes.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció además obstáculos al trabajo de los periodistas durante el operativo. En un primer momento, el cordón policial impidió el acceso de los medios de comunicación a la zona, aunque posteriormente el Ministerio del Interior aseguró que se dieron instrucciones para permitir a los periodistas trabajar dentro del perímetro de seguridad.
Finalmente, la comisión judicial ha ejecutado el desahucio. Maricarmen ha abandonado el edificio en camilla, asistida por sanitarios del Samur y entre gritos de "no estás sola" de las personas congregadas en la calle. Posteriormente ha sido trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
La mujer, que tiene reconocida una discapacidad del 50%, había residido en la vivienda durante más de siete décadas. Una donante anónima llegó a ofrecerse a completar la cantidad necesaria para que pudiera continuar pagando el alquiler, pero no se alcanzó un acuerdo con la propiedad.
El desahucio reaviva el debate político sobre la vivienda
El caso ha provocado también un nuevo enfrentamiento político entre las distintas administraciones por las políticas de vivienda. Desde Nueva York, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado este miércoles el desahucio de "tragedia social". "El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar ni como país y, por supuesto, tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas", ha afirmado.
Sánchez ha anunciado además que el Gobierno llevará "de manera urgente" al Parlamento un nuevo real decreto en materia de vivienda y ha pedido "responsabilidad" y "altura de miras" a los grupos parlamentarios para convalidarlo. El presidente ha defendido que aprobar una norma que evite casos como el de Maricarmen es una "responsabilidad compartida" entre el Gobierno de coalición, que se encuentra en minoría parlamentaria, y el resto de fuerzas del Congreso.
El jefe del Ejecutivo ha responsabilizado también a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital, a los que ha señalado como administraciones competentes en materia de protección social de las personas vulnerables en el ámbito de la vivienda.
Amnistía Internacional ha calificado el desahucio de Maricarmen como una "vulneración de derechos humanos" y resultado del "fracaso de las instituciones del Estado español". La organización denuncia que el lanzamiento se ha llevado a cabo pese a que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había solicitado medidas cautelares para suspenderlo mientras examinaba el caso.
Amnistía sostiene que ejecutar el desahucio de una mujer de 87 años, con una discapacidad reconocida del 50%, sin proporcionarle una alternativa habitacional adecuada vulnera sus derechos. La organización ha repartido responsabilidades entre distintas instituciones y fuerzas políticas y ha criticado también el dispositivo policial desplegado durante el lanzamiento.
El Sindicato de Inquilinas, por su parte, ha dirigido sus críticas tanto al Ejecutivo autonómico como al Gobierno central y ha reclamado medidas que impidan nuevos desalojos de personas vulnerables. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha exigido además desbloquear las medidas de protección frente a los desahucios y ha señalado a las fuerzas políticas que han impedido hasta ahora su aprobación.