Urbagestión ejecutó con éxito este miércoles el cuarto intento de desahucio de María del Carmen Abascal, de 87 años, en la vivienda de la calle Sainz de Baranda donde vivía desde 1956, pese a la oposición del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y una petición de la ONU para suspenderlo.
María del Carmen Abascal, conocida por todos como Maricarmen, ha dejado de ser vecina de Retiro. A sus 87 años, ha sido desahuciada este miércoles del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, 46, donde llevaba viviendo desde 1956.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Era el cuarto intento de desalojo contra ella y, esta vez, la comisión judicial lo ha ejecutado tras varios aplazamientos, mientras la Policía Nacional despejaba a golpes y con gas pimienta a los cientos de personas que se habían concentrado para impedirlo.
El desahucio de Maricarmen, consumado a la cuarta
Desde la madrugada, decenas de personas se concentraron en los alrededores del portal, hasta que la Policía creó un cordón que prohibió el acceso a la prensa y a los activistas. Sobre las 10:30, tras una hora de negociación entre la abogada de Maricarmen y la comitiva judicial, se confirmó el inicio de la ejecución.
Los agentes desalojaron entonces a los manifestantes con gas pimienta y empujones, y una ambulancia del Samur se colocó frente al portal, con sanitarios que accedieron al edificio con una camilla para sacar a la anciana. Según varios medios españoles, la Policía Nacional sacó a los activistas que intentaron frenar el desalojo en la calle, en las escaleras y dentro de la propia vivienda.
Su abogada, Beatriz Duro, había intentado un último gesto de negociación: pedir unos días para que Maricarmen encontrara dónde vivir. La empresa no cedió ni un margen mínimo: "Se negaron a darle unas horas para sacar sus cosas", denunció la letrada.
Una renta antigua firmada en 1956
El origen del conflicto se remonta casi 70 años atrás. El contrato de renta antigua lo firmaron los padres de Maricarmen en 1956, con el padre como titular; tras su muerte pasó a su esposa y, cuando esta falleció en 2005, se produjo una segunda subrogación a favor de Maricarmen.
El inmueble había pertenecido durante décadas a una familia particular, pero se vendió en 2018 y terminó en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., una sociedad inmobiliaria que opera desde Madrid y Valladolid y que se dedica a la inversión en edificios, viviendas, suelo, locales, oficinas y hoteles. La empresa sostuvo que la segunda subrogación no era válida y que el contrato había quedado extinguido. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que en marzo dio la razón a la propiedad, tras una primera instancia que sí había fallado a favor de Maricarmen.
Maricarmen tiene una pensión inferior al alquiler que le planteó la empresa, de 2.500 euros al mes, un 247% más que lo que pagaba hasta entonces. La mujer, con una discapacidad del 50%, nunca pudo asumir esa cifra. Urbagestión, además, reclama 10.000 euros al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid por daños y perjuicios derivados de la campaña de apoyo a la vecina.
No es la primera vez que se intenta el desalojo. El primero tuvo lugar en octubre de 2025 y se suspendió en los juzgados la víspera; el 2 de junio se produjo otro intento, que también terminó aplazándose a última hora. Esta vez no ha habido marcha atrás.
La ONU pidió frenarlo, la Justicia no lo impidió
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió al Estado español que detuviera el desahucio y garantizara una solución habitacional adecuada, una petición cursada en junio que tampoco ha frenado el desalojo.
En el Congreso, el portavoz socialista Patxi López defendió la actuación del Gobierno y trasladó la responsabilidad al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, competentes en materia de vivienda, señalando que la propiedad rechazó cualquier oferta para comprar el piso.
Maricarmen abandona así la casa en la que vivió desde los 17 años y en la que murieron sus padres. El caso cierra, al menos en esa vivienda, una batalla judicial de años que la convirtió en uno de los rostros más visibles de la crisis de la vivienda en Madrid.
El Ayuntamiento de la capital ha salido al paso de la polémica generada tras el desalojo asegurando que ya había puesto a disposición de Maricarmen diferentes recursos habitacionales en ocasiones anteriores y durante los intentos previos de lanzamiento, un extremo en el que también ha incidido el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ha explicado que los servicios municipales ya habían contactado con ella con antelación.
El alcalde ha evitado concretar los detalles por discreción y respeto a la privacidad de la afectada, mientras que desde el área municipal sostienen que la mujer ha manifestado expresamente su rechazo cada vez que se le ha ofrecido una plaza, una situación que se repitió este mismo miércoles tras la ejecución del desahucio cuando el Samur Social volvió a intervenir para ofrecerle un alojamiento en residencia que ella terminó declinando al optar finalmente por instalarse con unos familiares.