La vivienda se sitúa entre los principales temas de las elecciones generales del 29N. PP, PSOE, Vox y Frente Amplio presentan propuestas muy diferentes para afrontar la crisis habitacional, desde rebajas fiscales y construcción de vivienda pública hasta límites al alquiler y expropiaciones.
La vivienda ocupa un lugar central en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. El encarecimiento de los alquileres y de los precios de compra ha complicado el acceso a una casa, especialmente para los jóvenes. El malestar volvió a hacerse visible durante la huelga general del 11 de noviembre, con movilizaciones en distintas ciudades españolas.
Los partidos ofrecen respuestas muy diferentes a esta situación. Mientras el PP y Vox defienden la derogación de la Ley de Vivienda y las rebajas fiscales, el PSOE y Frente Amplio apuestan por una mayor intervención pública, aunque con medidas de distinto alcance. Estas son las principales propuestas de las cuatro formaciones y las diferencias entre sus programas.
Partido Popular: Construir un millón de viviendas y derogar la Ley de Vivienda
El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo quiere construir un millón de viviendas, rebajar los impuestos asociados a la compra y derogar la actual Ley de Vivienda. Para aumentar la oferta, propone movilizar suelo público y privado, agilizar los trámites urbanísticos y colaborar con comunidades autónomas y ayuntamientos.
Entre sus medidas figura una nueva Ley del Suelo para facilitar la construcción y reducir a tres meses el plazo de concesión de licencias de obra. El PP también quiere transformar oficinas y locales comerciales en viviendas asequibles, impulsar la construcción industrializada y rehabilitar inmuebles vacíos o deteriorados. En el caso de la rehabilitación de la vivienda habitual, plantea aplicar un IVA superreducido del 4%.
El PP también quiere acabar con dos de los principales mecanismos de la Ley de Vivienda: las zonas de mercado tensionado y el índice de referencia de los alquileres. Los populares sostienen que estas medidas han reducido la oferta y generado incertidumbre entre los propietarios. Su alternativa pasa por ofrecer incentivos fiscales en lugar de intervenir directamente en los precios.
En materia de alquiler, propone el programa Tres años+, que ofrecería deducciones fiscales a los propietarios particulares que renueven los contratos durante tres años adicionales con incrementos de renta inferiores al IPC. Los inquilinos también podrían beneficiarse de deducciones en el IRPF, graduadas en función de sus ingresos.
Para facilitar el acceso a la propiedad, el PP plantea reducir del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda nueva para menores de 40 años, además de negociar rebajas en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de inmuebles usados. También propone ampliar el acceso a los avales públicos, que cubren hasta el 20% del valor de la vivienda, a compradores menores de 40 años, con la posibilidad de extender el límite de edad hasta los 50.
A estas medidas se suma la creación de la Hucha Hogar Joven, una cuenta de ahorro para menores de 40 años que permitiría aportar hasta 2.000 euros anuales con una deducción fiscal del 20% y un límite acumulado de 40.000 euros. El programa contempla, además, avales adicionales vinculados al ahorro para facilitar la financiación hipotecaria.
Por último, los populares prometen agilizar los desalojos judiciales de viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 48 horas, permitir que las comunidades de propietarios soliciten el desalojo y eximir a los propietarios afectados del pago de suministros e impuestos mientras dure la ocupación.
PSOE: 100.000 viviendas públicas, límites al alquiler y más impuestos a los fondos buitre
El PSOE de Pedro Sánchez quiere ampliar el parque público de vivienda, reforzar los límites al alquiler y elevar la presión fiscal sobre los grandes propietarios y los fondos buitre. Los socialistas sitúan la vivienda como su principal prioridad para la próxima legislatura y se comprometen a movilizar cada año el equivalente al 1% del PIB, con la participación de las distintas administraciones y del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Los socialistas plantean reformar la Constitución para reconocer la vivienda como un derecho fundamental, de modo que los ciudadanos puedan exigir su cumplimiento a los poderes públicos. También prometen desplegar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el objetivo de que las viviendas públicas o protegidas con carácter permanente representen al menos una cuarta parte de las nuevas construcciones.
Uno de sus principales compromisos es incorporar 100.000 viviendas a un parque público estatal, tanto mediante nuevas construcciones como a través de la compra de inmuebles. Se destinarían a la venta o al alquiler a precios asequibles y se sumarían a las viviendas promovidas por comunidades autónomas y ayuntamientos. La entidad pública CASA 47 se encargaría de gestionarlas y de impulsar acuerdos para aprovechar suelo público y colaborar con cooperativas y entidades sociales.
El programa contempla destinar más de 25.000 millones de euros a avales, préstamos y financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), además de movilizar recursos para rehabilitar al menos otras 550.000 viviendas. También propone gravar los solares residenciales que permanezcan sin desarrollar para incentivar la construcción.
En materia de alquiler, los socialistas apuestan por ampliar la duración de los contratos y congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia en las zonas de mercado tensionado. A diferencia del PP y Vox, que proponen derogar la Ley de Vivienda, el PSOE pretende reforzar la intervención pública para contener los precios. También plantea actualizar las deducciones fiscales para los inquilinos y mantener los incentivos a los propietarios que reduzcan los alquileres.
Para facilitar el acceso a la primera vivienda, el partido propone desplegar el programa TUCASA, que ofrecería préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros, con una dotación inicial de 10.000 millones de euros. Además, contempla crear un seguro público de impago para favorecer el alquiler a jóvenes y dar mayor seguridad a los pequeños propietarios.
El PSOE también quiere gravar las viviendas de grandes propietarios y fondos buitre que no se destinen al alquiler residencial asequible. El nuevo impuesto sería progresivo y afectaría, entre otros inmuebles, a viviendas vacías, pisos turísticos y propiedades alquiladas a precios considerados abusivos. Además, los socialistas plantean que los ayuntamientos puedan aplicar recargos a las pernoctaciones turísticas para compensar su impacto sobre el mercado residencial.
Por último, el PSOE propone reforzar la protección de las familias vulnerables frente a los desahucios, garantizando que las administraciones públicas asuman los costes de estas medidas para que no recaigan sobre los pequeños propietarios. El programa también contempla crear registros de precios de los contratos de alquiler y de fondos y sociedades inmobiliarias para aumentar la transparencia del mercado.
Vox: Derogación de la Ley de Vivienda, impuestos cero para la primera casa y prioridad para los españoles
Vox, liderado por Santiago Abascal, quiere derogar la Ley de Vivienda y eliminar los impuestos que gravan la compra de la primera residencia habitual para las familias españolas. También defiende dar prioridad a los ciudadanos españoles en el acceso a la vivienda pública. Su programa combina rebajas fiscales y medidas para impulsar la construcción con un endurecimiento de las leyes contra la ocupación ilegal y restricciones vinculadas a la inmigración.
Como el PP, Vox considera necesario reformar la Ley del Suelo para construir más viviendas. Quiere ampliar el suelo disponible, reducir los trámites administrativos y facilitar la financiación a los promotores. También defiende aumentar la inversión pública por habitante en vivienda protegida y recurrir a acuerdos con el sector privado mediante cesiones de suelo, subvenciones, avales y créditos blandos. A diferencia de otras formaciones, no fija un objetivo concreto de viviendas que pretende construir.
En materia fiscal, la formación propone establecer un IVA del 0% para la compra de la primera vivienda habitual de nueva construcción y bonificar el 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para las de segunda mano, siempre que se trate de familias españolas. Además, plantea recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual y reducir los impuestos que gravan la construcción, así como facilitar la financiación a promotores.
Respecto al alquiler, Vox promete derogar la Ley de Vivienda y sustituirla por incentivos fiscales para los arrendamientos de larga duración y deducciones para los inquilinos españoles. También propone regular la proliferación de viviendas de uso turístico y reforzar la inspección de los pisos turísticos ilegales.
La llamada 'prioridad nacional' es otro de los ejes de su programa. Vox quiere favorecer a los españoles en el acceso a viviendas protegidas, viviendas sociales y ayudas al alquiler. Además, plantea prohibir que se alquilen inmuebles a inmigrantes en situación irregular y exigir que se compruebe la residencia legal antes de firmar un contrato.
En cuanto a la ocupación ilegal, Vox promete desalojar las viviendas ocupadas en menos de 24 horas, endurecer el Código Penal y tipificar la denominada 'inquiocupación' como delito de estafa. Asimismo, propone ofrecer asistencia jurídica gratuita a los propietarios afectados y eximirlos del pago de impuestos, suministros y otras cargas mientras dure la ocupación.
Por último, el partido plantea agravar la fiscalidad sobre las compras de vivienda realizadas por ciudadanos de fuera de la Unión Europea y sobre las operaciones especulativas de fondos y sociedades. La recaudación obtenida se destinaría a bonificaciones para la adquisición de viviendas y a financiar la construcción de inmuebles protegidos.
Frente Amplio: 1,5 millones de viviendas públicas, límites al alquiler y expropiaciones a grandes propietarios
Frente Amplio de Ada Colau presenta el plan de intervención pública más amplio de las cuatro formaciones analizadas. Su objetivo es incorporar 1,5 millones de viviendas al parque público en 12 años, limitar los alquileres y reducir el peso de los grandes propietarios en el mercado inmobiliario. Para ello, propone dedicar cada año el 1% del PIB, unos 17.000 millones de euros, a políticas de vivienda.
La formación se compromete a incorporar 125.000 viviendas públicas cada año, principalmente para alquiler asequible. No todas serían de nueva construcción: también prevé comprar inmuebles y aprovechar viviendas vacías o infrautilizadas. Para una vivienda pública de 80 metros cuadrados, plantea un alquiler máximo de 600 euros mensuales, ajustado al coste de la vida de cada territorio y sin superar el 25% de los ingresos del hogar.
Para aumentar el parque público, Frente Amplio propone expropiar progresivamente viviendas de grandes propietarios corporativos. La primera fase afectaría a entidades con más de 1.000 inmuebles; la segunda, a aquellas con más de 700; y la tercera, a empresas propietarias de más de 50 viviendas. También plantea impedir que las viviendas protegidas puedan incorporarse al mercado libre.
En materia de alquiler, la formación propone limitar los precios en las zonas tensionadas al 25% de la renta neta media de los hogares de cada zona censal, siempre que esa cantidad sea inferior al índice oficial de referencia. Según sus estimaciones, esta regulación permitiría reducir los alquileres una media del 35%. Además, contempla una rebaja adicional obligatoria del 30% sobre el precio regulado en municipios de más de 200.000 habitantes o con masificación turística severa.
Frente Amplio también quiere que los contratos de alquiler sean indefinidos por defecto y restringir la compra especulativa de viviendas por parte de empresas con ánimo de lucro, como fondos de inversión, bancos y sociedades inmobiliarias. La propuesta contempla excepciones, entre ellas las compras destinadas al alquiler asequible regulado. En las zonas tensionadas, plantea además retirar progresivamente las licencias de pisos turísticos situados en edificios residenciales, con un plazo máximo de tres años.
En materia fiscal, Frente Amplio propone crear un impuesto del 10% sobre el valor de determinadas viviendas, que afectaría a las empresas desde el primer inmueble y a los particulares a partir del cuarto, cuando sus propiedades superen conjuntamente los 800.000 euros. Quedarían exentas, entre otras, las viviendas destinadas al alquiler asequible y estable. También plantea aumentar los impuestos sobre la compra de segundas y terceras viviendas.
En cuanto a los desahucios, Frente Amplio defiende prohibir de forma permanente los de personas vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional. También quiere reformar el artículo 47 de la Constitución para que el derecho a una vivienda digna pueda reclamarse ante los tribunales. Para los hogares con dificultades para pagar su hipoteca, propone ayudas de hasta 300 euros al mes, sujetas a determinados requisitos económicos.