Siete años después de llegar a La Moncloa, el presidente socialista afronta un desgaste electoral, debido a los casos de corrupción y a numerosas crisis nacionales, mientras busca proyectarse internacionalmente como uno de los principales contrapesos a la extrema derecha.
Pedro Sánchez (Madrid, 1972) ha convertido la supervivencia política en una de sus principales señas de identidad. Desde que llegó a La Moncloa en junio de 2018, tras desalojar del poder a Mariano Rajoy mediante una moción de censura, ha atravesado crisis económicas, sanitarias y territoriales, derrotas electorales y algunos de los giros más controvertidos de la democracia española.
Siete años después, su figura sigue generando una profunda división. Para sus partidarios, representa una izquierda europeísta y progresista dispuesta a plantar cara a los movimientos reaccionarios. Para sus detractores, es un dirigente capaz de cambiar de posición y negociar con cualquier formación con tal de aferrarse al poder.
Nacido el 29 de febrero de 1972 en Madrid, estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense y se afilió al PSOE en 1993. Antes de dedicarse plenamente a la política, trabajó en el ámbito académico y tuvo experiencia internacional, entre otros puestos como asesor del Parlamento Europeo y miembro del equipo del alto representante de Naciones Unidas para Bosnia y Herzegovina.
Su ascenso en el PSOE estuvo marcado por las disputas internas. Elegido secretario general en 2014, dimitió en octubre de 2016 tras negarse a facilitar un Gobierno de Rajoy. Sin embargo, recorrió España para recuperar el apoyo de las bases y volvió a ganar las primarias en mayo de 2017. Un año después, aprovechó la sentencia del caso Gürtel para presentar una moción de censura que a la postre le convirtió en presidente del Gobierno el 1 de junio de 2018.
Desde entonces, ha impulsado medidas como las subidas del salario mínimo, la reforma laboral y la Ley de Memoria Democrática, además de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos en 2019. También ha protagonizado decisiones controvertidas, como los indultos a los condenados por el procés en 2021 y la posterior Ley de Amnistía, determinante para conseguir los apoyos parlamentarios de su investidura en 2023.
Un presidente en tiempos de crisis
La trayectoria de Sánchez en La Moncloa ha estado marcada por sucesivas emergencias. La pandemia de la Covid-19 fue el primer gran desafío de su segundo mandato y provocó fuertes críticas a la gestión inicial del Ejecutivo. El confinamiento, los estados de alarma y las restricciones de movilidad marcaron buena parte de la legislatura iniciada en 2020.
En octubre de 2024, la DANA que golpeó especialmente Valencia dejó 230 muertos y abrió un intenso debate sobre la coordinación entre administraciones y la gestión de la emergencia. A estas crisis se sumaron el gran apagón eléctrico de 2025, las dificultades para afrontar la crisis de la vivienda y la imposibilidad desde hace cuatro años de sacar adelante unos nuevos presupuestos en un Parlamento fragmentado.
Más recientemente, este 2026 se ha visto marcado por los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, que volvieron a situar la seguridad de las infraestructuras y la respuesta institucional en el centro de la actualidad y han provocado la dimisión del responsable de la cartera de Transportes, Óscar Puente, quien este mes se ha convertido en el tercer ministro de Sánchez en dimitir desde que este asumió la presidencia.
Además, desde el pasado verano, el Ejecutivo se ha venido enfrentando a fuertes críticas, por parte de la oposición y de ciertos sectores de la población, por su gestión de la crisis de Ceuta, provocada por la entrada en la ciudad autónoma de más de 88.000 personas de manera irregular a finales de julio.
Los escándalos de corrupción cercan a su entorno político y familiar
Pero algunos de los episodios más difíciles para Sánchez no han llegado desde fuera, sino desde su propio entorno. Uno de los principales frentes de desgaste para el líder socialista procede de las investigaciones judiciales que afectan a antiguos colaboradores, dirigentes socialistas y miembros de su familia. Los procedimientos han alimentado las acusaciones de corrupción de la oposición y han complicado la estrategia política de su Gobierno.
El caso Koldo investiga presuntas irregularidades en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia y ha salpicado al exministro José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García, al empresario Víctor de Aldama y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. De esta investigación han surgido otras líneas sobre una posible financiación irregular del partido y presuntos amaños de contratos de obra pública. A ellas se suma el caso Hidrocarburos, relacionado con un supuesto fraude del IVA.
La presión también alcanza al entorno familiar del presidente. Su esposa, Begoña Gómez, fue procesada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La causa llevó a Sánchez a anunciar en abril de 2024 un periodo de reflexión de cinco días para sopesar su continuidad, en una carta a la ciudadanía en la que denunció una campaña de "acoso y derribo" contra su familia.
Su hermano, David Sánchez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para empleo de cargo público por un delito de prevaricación administrativa, después de que un tribunal considerara probado que la Diputación de Badajoz había creado en 2017 una plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música pensada específicamente para él.
Las investigaciones se extienden a otras figuras del socialismo, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el caso Plus Ultra por presuntos delitos relacionados con una trama de comisiones vinculadas al rescate público de la aerolínea. Por otra parte, el caso Leire Díez examina una supuesta estructura destinada a obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban al entorno del presidente.
La controversia alcanzó asimismo a la Fiscalía General del Estado. Álvaro García Ortiz, nombrado durante el mandato de Sánchez, dimitió después de convertirse en el primer fiscal general condenado por el Tribunal Supremo en España.
El PP y Vox han utilizado la acumulación de procedimientos para exigir responsabilidades al presidente y cuestionar su continuidad. Sánchez ha rechazado esas acusaciones y ha denunciado una campaña de 'lawfare' que se valdría de los tribunales para desgastar al Ejecutivo. Con varias causas todavía pendientes, la corrupción se ha convertido en uno de los principales lastres de la recta final de su mandato.
El azote de la derecha
En política exterior, Sánchez ha proyectado a nivel internacional una imagen de dirigente dispuesto a enfrentarse a algunos de los principales referentes de la derecha internacional, especialmente Donald Trump. El presidente español ha cuestionado la política del "Estados Unidos primero" y rechazado las presiones de Washington para elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB, defendiendo la protección del Estado de bienestar.
El enfrentamiento se intensificó debido a la guerra de Irán, cuando Madrid se negó a permitir que Estados Unidos utilizara las bases de Rota y Morón en su ofensiva contra el Gobierno de Teherán. Trump respondió calificando a España de "aliado terrible" y amenazando con interrumpir las relaciones comerciales.
Sánchez también se ha diferenciado de otros dirigentes europeos por su posición ante la guerra de Gaza. España reconoció el Estado palestino en mayo de 2024 y posteriormente aprobó un embargo de armas a Israel, mientras el presidente socialista ha defendido el derecho internacional y la solución de dos Estados.
En América Latina, sus enfrentamientos con el presidente argentino, Javier Milei, quien la semana pasada llegó a equiparar al socialismo con el fascismo durante su visita a Madrid con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana, han evidenciado dos modelos políticos enfrentados sobre el papel del Estado, los servicios públicos y las políticas sociales. Estas posiciones, sin embargo, también han provocado incomodidad entre algunos socios europeos, especialmente por sus diferencias con Washington.
En el ámbito nacional, las derrotas electorales del PSOE en Extremadura, Aragón y Castilla y León han alimentado las dudas sobre su liderazgo territorial. La dependencia de los partidos nacionalistas e independentistas, las investigaciones judiciales y las dificultades presupuestarias han reducido el margen de maniobra del Ejecutivo, mientras el PP y Vox mantienen la presión política.
Pese a todo, Sánchez sigue presentándose como el principal dique de contención frente a la derecha y la extrema derecha, tanto en España como en el escenario internacional. Su trayectoria deja a las claras una notable capacidad para superar situaciones políticas adversas. La incógnita es si esa resistencia seguirá siendo suficiente para conservar el poder a partir del próximo 29 de noviembre o si el desgaste acumulado terminará costándole La Moncloa.