La obligación de que los trabajadores con salario mínimo, que sube un 4,4%, paguen el impuesto sobre la renta ha evidenciado las tensiones en el seno del Gobierno con un enfrentamiento entre el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda, controlados por Sumar y el PSOE, respectivamente.
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en España la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.184 euros en 14 pagas mensuales, pero fuentes del Ministerio de Hacienda citadas por 'RTVE' han confirmado que, a diferencia de en anteriores incrementos, el tramo mínimo del impuesto sobre la renta (IRPF) no se elevará para evitar la tributación de la nueva cuantía.
La subida de 50 euros mensuales (que supone un incremento del 4,4%) fue pactada con los principales sindicatos por el Ministerio de Trabajo, cuya titular, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, ha reiterado que la postura de su formación política, Sumar, es que el SMI siga sin tener que tributar por el IRPF.
Pero la decisión de no elevar el mínimo exento corresponde al Ministerio de Hacienda, dirigido por la vicepresidenta primera, la socialista María Jesús Montero. Hacienda puntualiza no obstante que una parte de los trabajadores con el salario mínimo seguirán exentos del IRPF, dado que el límite sí se eleva en los casos en los que estos tienen personas a su cargo.
Discrepancias en el Gobierno
Las discrepancias en el seno del Gobierno entre el ala socialista del presidente Sánchez y Sumar, los socios de coalición encabezados por Yolanda Díaz, se han dejado ver más allá de la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La portavoz parlamentaria de Sumar, Aina Vidal, ha señalado que la decisión conllevaría el incumplimiento del pacto con los sindicatos, según el cual el salario mínimo debe representar el 60% del salario medio.
Mientras tanto, desde las filas socialistas resaltan que el SMI ha subido un 61% desde que Pedro Sánchez preside el Gobierno, y apuntan que en otras grandes economías de la UE es común que el salario mínimo tribute, y que la presión fiscal de las rentas bajas y medias en España es inferior a la media europea.