El accidente ferroviario de Urda irrumpe en plena precampaña electoral y añade presión al Gobierno de Pedro Sánchez, ya desgastado por una sucesión de crisis. A un mes de las elecciones, los partidos se enzarzan en una batalla por las responsabilidades.
El accidente ferroviario de Urda (Toledo) difícilmente podría haber llegado en peor momento para el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
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Con su Ejecutivo ya desgastado por una sucesión de crisis de gestión, entre ellas la tragedia ferroviaria de Adamuz en enero y la crisis migratoria en Ceuta en julio, el nuevo siniestro supone otra sacudida política en plena precampaña electoral. Y llega cuando la capacidad del Gobierno para recuperar la confianza ciudadana vuelve a estar en entredicho.
Aunque los principales partidos han suspendido sus actos de precampaña tras la tragedia, con la excepción de Vox, la confrontación política no se ha detenido. Más bien al contrario: el accidente ha abierto un nuevo frente de acusaciones cruzadas.
El Partido Popular apunta a la responsabilidad del Gobierno en la gestión ferroviaria; el PSOE pone el foco en la actuación de los maquinistas; Vox ha presentado una querella por homicidio contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, mientras que Frente Amplio reclama su comparecencia para dar explicaciones sobre lo ocurrido.
La investigación todavía debe esclarecer las causas del choque y determinar si existieron fallos humanos, técnicos o de coordinación. Pero los tiempos de la justicia y los de la política rara vez coinciden. Mientras los investigadores tratan de reconstruir los minutos previos al accidente, los partidos ya disputan el relato de lo sucedido y, sobre todo, quién debe asumir sus consecuencias.
Una crisis tras otra
Sin embargo, esta precampaña no gira únicamente en torno a Urda.
El accidente se suma a una larga lista de crisis que han marcado el debate público español y que ahora vuelven a ocupar el centro de la confrontación electoral: la persistente dificultad para acceder a una vivienda, las tensiones migratorias en Ceuta, el apagón, la devastadora DANA de Valencia, la gestión de la pandemia de COVID-19, los casos de corrupción que rodean a Sánchez y al PSOE, así como las dudas sobre la inversión, el mantenimiento y la seguridad del sistema ferroviario tras los accidentes de Adamuz y Urda, entre otros.
Son crisis de naturaleza muy distinta, ocurridas en momentos diferentes y bajo responsabilidades institucionales que no siempre corresponden al mismo Gobierno ni a la misma administración. Sin embargo, comparten un elemento político: todas han alimentado una batalla por atribuir responsabilidades y definir quién ha fallado a los ciudadanos.
Para Sánchez, el desafío va más allá de resistir una nueva ofensiva de la oposición. Se trata de evitar que la acumulación de episodios termine consolidando una percepción de deterioro de la gestión pública. Para sus adversarios, cada nueva crisis representa una oportunidad de cuestionar la capacidad del Ejecutivo para gobernar. Y para los ciudadanos, la discusión debería responder a una exigencia mucho más concreta: saber qué ocurrió, por qué ocurrió y qué se hará para que no vuelva a suceder.
La tragedia de Urda ha vuelto a situar la seguridad ferroviaria en el centro del debate nacional, apenas nueve meses después del accidente de Adamuz. Dos siniestros que han reabierto preguntas sobre la supervisión de las infraestructuras, los protocolos de seguridad y la rendición de cuentas de las autoridades.
¿Podrá Pedro Sánchez superar otra crisis política? ¿O será Urda el episodio que termine por agravar el desgaste de su Gobierno en las urnas? En una España marcada por la indignación y la desconfianza, la pregunta que sobrevuela esta precampaña es tan sencilla como incómoda: ¿Quién tiene la culpa?
¿Qué decían las encuestas antes de la tragedia de Urda?
Antes del accidente ferroviario de Urda, las encuestas ya dibujaban un panorama electoral complicado para Pedro Sánchez, aunque con señales de recuperación para el PSOE. Según el sondeo de Sigma Dos para el diario 'El Mundo', publicado el 26 de octubre, el Partido Popular obtendría el 30,6% de los votos y entre 125 y 131 escaños, frente al 26,1% y entre 103 y 109 diputados de los socialistas. Vox alcanzaría el 19,9% y entre 66 y 69 representantes.
Otra encuesta, elaborada por SocioMétrica para 'El Español' y publicada también el 26 de octubre, situaba al PP en el 32,4% de los votos y 137 diputados, al PSOE en el 27% y 108 escaños, y a Vox en el 18,6% y 63 representantes. Ambos sondeos coincidían en atribuir una mayoría absoluta a la suma de PP y Vox, aunque con diferencias en el reparto de apoyos.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sin embargo, dibuja un escenario radicalmente distinto al de las encuestadoras privadas. Su último barómetro, publicado el 14 de octubre, sitúa al PSOE como primera fuerza con el 34% de los votos, casi 12 puntos por delante del PP, que cae hasta el 22,2%. Vox se mantiene como tercera fuerza con el 17,1%. La distancia entre ambos grandes partidos prácticamente se duplicó respecto a septiembre, según el organismo público.
Esta discrepancia entre sondeos añade aún más incertidumbre a una precampaña marcada por la acumulación de crisis políticas y de gestión, a la que ahora se suma la tragedia ferroviaria de Urda, a apenas un mes de las elecciones generales.