Italia prevé multas de hasta 1.000 euros por incumplir la prohibición del burka, limita al 30% los alumnos extranjeros en primero y contempla medidas para las familias con barreras lingüísticas.
El Consejo de Ministros italiano ha aprobado un decreto ley sobre educación que incluye, entre otras medidas, la prohibición de cubrirse el rostro en los centros educativos y un límite del 30% para determinados alumnos extranjeros en las clases de primer curso.
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Según el Gobierno de Giorgia Meloni, el objetivo es garantizar el normal desarrollo del curso escolar 2026/2027 y favorecer la integración del alumnado extranjero.
Prohibido cubrirse el rostro en los centros educativos
El decreto establece que, salvo por motivos sanitarios o de seguridad, no se podrá participar en actividades escolares o extraescolares "con el rostro cubierto o por cualquier otro medio que no permita el reconocimiento del rostro".
Aunque el texto no menciona expresamente el burka o el niqab, la medida supone en la práctica la prohibición de estas prendas en el ámbito escolar. El burka cubre completamente el rostro, mientras que el niqab deja visibles únicamente los ojos.
El incumplimiento podrá ser sancionado con multas de entre 200 y 1.000 euros. En el caso de los menores, la sanción recaerá sobre sus padres o tutores legales.
Límite del 30% de determinados alumnos extranjeros
El decreto también establece límites a la presencia de determinados alumnos extranjeros en las clases de primer curso, con el objetivo declarado de favorecer una composición más equilibrada de las aulas y facilitar su integración.
En Primaria, los alumnos con ciudadanía no italiana que hayan nacido fuera del país o que no hayan cursado al menos dos años de Educación Infantil en Italia no podrán representar más del 30% de una clase de primero.
En Secundaria, el límite afectará a los estudiantes con ciudadanía no italiana que no hayan cursado y superado al menos tres años dentro del sistema educativo italiano. No obstante, si las solicitudes de matrícula hacen imposible respetar ese porcentaje, las autoridades educativas territoriales podrán autorizar excepciones para garantizar el derecho a la educación.
Cursos de italiano para las familias
El decreto también contempla medidas para aquellos casos en los que las barreras lingüísticas de los padres o tutores dificulten la integración escolar del menor. Los centros deberán informar a los servicios sociales cuando detecten problemas persistentes de este tipo. Para facilitar la integración, se ofrecerán cursos gratuitos de italiano a las familias.
En los casos más graves, cuando el incumplimiento de las medidas de aprendizaje del idioma provoque un perjuicio concreto para la educación y la integración del menor, el asunto podrá llegar a los tribunales de menores, que podrán adoptar medidas de protección, incluido su alojamiento fuera del entorno familiar.
El Gobierno destinará además unos 17,5 millones de euros a los centros en los que no sea posible garantizar el límite del 30% de determinados alumnos extranjeros. Los fondos servirán, entre otras cosas, para financiar actividades extraescolares destinadas a reforzar el aprendizaje del italiano. Estas podrán desarrollarse mediante la contratación o refuerzo de profesorado y la colaboración con centros de educación para adultos y entidades sociales.
Críticas de la oposición
Las medidas han provocado una fuerte reacción entre los partidos de la oposición. Chiara Braga, portavoz del Partido Democrático (PD) en la Cámara de los Diputados, ha calificado el decreto de "inútil, ineficaz y, sobre todo, inaceptable" y acusa al Ejecutivo de Meloni de "discriminar" a los menores y dificultar su acceso a la educación.
Por su parte, Angelo Bonelli, diputado de Alianza Verdes e Izquierda (AVS), ha criticado que el Gobierno centre su atención en estas medidas en lugar de abordar otros problemas de la educación pública italiana, como el estado de los centros, la falta de profesores de apoyo para alumnos con discapacidad o la precariedad laboral de los docentes.
Bonelli también ha acusado a Meloni de utilizar la cuestión educativa con fines electorales.