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Sánchez promete aprobar el decreto de vivienda el martes ante la presión social por el desahucio de Maricarmen

La manifestación llenó la Puerta del Sol en Madrid
La manifestación llenó la Puerta del Sol en Madrid -  Derechos de autor  AP Photo
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Por Cristian Caraballo
Publicado •última actualización
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Sánchez promete aprobar el martes un decreto de vivienda tras el caso de Maricarmen, la anciana desahuciada tras 70 años en su casa. Mientras, una acampada en Sol exige medidas contra los desahucios y presiona al Gobierno para que el decreto sea ambicioso.

Pedro Sánchez ha respondido este domingo a Maricarmen, pero no lo ha hecho desde la Puerta del Sol, sino desde un mitin del PSOE en Getafe, mientras la acampada de la plaza madrileña resistía su primera noche a la intemperie. "Maricarmen, tengo un mensaje para ti", ha dicho el presidente, prometiendo que el Ejecutivo trabaja "contrarreloj" para llevar el real decreto de vivienda al Consejo de Ministros del próximo martes. De la acampada, ni una palabra.

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El mensaje llegaba un día después de que la propia Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada esta semana del piso en el que había vivido siete décadas, grabara un vídeo pidiéndole personalmente que el Gobierno aprobara una norma para que "lo que me ha pasado a mí" no se repita. Sánchez calificó la crisis de la vivienda de "cuestión de humanidad" antes que de ideología, y pidió a los grupos parlamentarios "un último esfuerzo" para convalidar el decreto en el Congreso.

El caso de Maricarmen, desalojada de su vivienda en el barrio de Retiro tras 70 años, sacada de casa en camilla y aún hospitalizada, se ha convertido en el catalizador de una crisis que llevaba meses fermentando. Urbagestión, el fondo propietario del inmueble, es ahora el nombre que corea buena parte del movimiento vecinal madrileño, y el Ayuntamiento de Madrid ya ha rechazado su oferta por el piso y ha abierto una mediación propia.

Sobre la mesa sigue la petición de Sumar de expropiar directamente la vivienda para realojar a la anciana, una vía que el ministro Félix Bolaños descartó días atrás por no tener "encaje claro" en la Constitución. Su compañero de coalición Pablo Bustinduy respondió que Sumar seguirá defendiendo la medida pese a la negativa socialista.

De la manifestación a la acampada

El sábado, la protesta convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid llenó las calles del centro con una marcha hasta el Congreso. Al terminar, un grupo de asistentes decidió no irse a casa: alzaron tiendas en Sol bajo el lema "ni una Maricarmen más". . La portavoz del sindicato, Alicia del Río, definió el desahucio como un "punto de no retorno" y advirtió de que, si el decreto no sale adelante el martes, un Ejecutivo que se declara progresista "no tiene ningún sentido".

La imagen, tiendas de campaña en la plaza que fue epicentro del 15-M hace 15 años, ha reabierto viejas comparaciones. Dentro de la acampada conviven talleres de pancartas, clases de yoga y comida popular con la incertidumbre de cuánto va a durar: sus organizadores insisten en que fue espontánea, pero ya han anunciado concentraciones de apoyo en ciudades como Burgos, León, Córdoba o Almería.

Podemos ha aprovechado la semana para marcar distancia con el Gobierno. La eurodiputada Irene Montero acusó al Ejecutivo de negociar el decreto con Junts y advirtió de que no aceptarán un "trágala" para quienes se manifiestan por la vivienda; su secretaria general, Ione Belarra, avisó de que el partido seguirá presionando para lograr "el mejor real decreto ley posible".

Desde la derecha, Alberto Núñez Feijóo ha optado por otro reproche. El líder del PP acusó al Gobierno de "utilizar a Maricarmen para hacer política" y reclamó una oportunidad para su partido, recordando que el año pasado se registraron unos 25.000 desahucios en España, un 11% más que el anterior, con los precios de compra y alquiler disparados tras ocho años de Sánchez en Moncloa.

Lo que se juega el martes

En Moncloa se respira optimismo de cara al Consejo de Ministros. Fuentes del Gobierno lo señalan como el momento más probable para aprobar por fin el decreto, tras negociaciones abiertas todo el fin de semana para asegurar los apoyos en el Congreso. Entre las medidas que se negocian con Junts figuran la prohibición de desahuciar a inquilinos de pisos en manos de fondos buitre y trabas para que estos sigan comprando vivienda residencial.

Lo que nadie garantiza es que la acampada de Sol se disuelva en cuanto se firme el decreto. Desde el Sindicato de Inquilinas ya han avisado de que solo darán por buena una norma ambiciosa, no una versión rebajada por la negociación con Junts.

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