Los cierres de colegios ligados a la financiación por alumno, que hicieron inviables numerosos centros rurales, superaron el declive demográfico. Desde 2022, los centros restantes dan clases semanales obligatorias sobre "valores tradicionales" rusos y la versión del Kremlin de la guerra en Ucrania.
El número de escuelas en Rusia ha caído un 45% desde el inicio de este siglo, con las comunidades rurales como principales perjudicadas, según un informe de la Escuela Superior de Economía publicado este mes.
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Según el informe, la red de centros de enseñanza secundaria de Rusia se ha reducido de 68.800 instituciones en el año 2000 a algo menos de 38.000 en 2026. La población en edad escolar ha disminuido alrededor de un 13,5% en el mismo periodo, de 20,5 millones a 17,7 millones de menores.
Rusia tiene ahora menos escuelas que Alemania, aunque la población alemana es aproximadamente la mitad que la rusa. Alemania cuenta con más de 40.000 escuelas en 2026.
Los cierres han sido especialmente intensos en las zonas rurales, donde el número de escuelas públicas ha pasado de más de 45.000 a unas 21.000, una reducción de más de la mitad.
Los centros urbanos también se han reducido, de 22.700 en el año 2000 a 16.300 en la actualidad. El número de alumnos por escuela ha aumentado de forma considerable en el mismo periodo, de unos 300 estudiantes por centro hace quince años a alrededor de 470 hoy.
Las escuelas privadas han aumentado en número, de 635 en el año 2000 a 982 en 2026, pero apenas representan el 2,5% de la oferta total.
Escuelas más grandes, ¿siempre son mejores?
Estos cierres se enmarcan en un programa de optimización puesto en marcha en 2001 que sigue vigente. El cambio a una financiación por alumno hizo que las escuelas pequeñas fueran económicamente inviables: cuantos menos niños matriculaba un centro, menos dinero público recibía. Muchos colegios se fusionaron con instituciones cercanas o cerraron por completo.
Para 2010, el 26% de las escuelas de Rusia había cerrado. Cerca de 10.000 más se clausuraron durante la década de 2010 y otras 2.300 desde comienzos de la de 2020.
Profesorado y familias protestaron contra las fusiones. Alegaban que los grandes centros resultantes eran más difíciles de gestionar, que se estaban perdiendo escuelas de barrio con identidad propia y que las clases masificadas reducirían la calidad educativa.
Sociólogos han vinculado además el cierre de escuelas con la despoblación rural, según un estudio de 2026 publicado en la revista rusa 'Nozh'. El estudio concluye que, cuando cierra la escuela de un pueblo, las familias suelen separarse: uno de los progenitores se traslada con los hijos a una ciudad mientras el otro se queda trabajando, y esa separación se vuelve permanente.
"Al ahorrar en los costes de un solo aula y un docente, se puede acabar con toda una economía local que funcionaba", señalaba el estudio.
La aldea de Atary, en el distrito Lebyazhsky de la región de Kirov, es un ejemplo. Tras declararse que la escuela local no era rentable, los jóvenes se marcharon y el asentamiento está hoy prácticamente abandonado.
El diputado del Partido Comunista Dmitry Novikov ha reclamado que las escuelas rurales se financien como infraestructuras sociales estratégicas y no en función del número de alumnos.
Ha propuesto una moratoria para el cierre de las clases superiores de secundaria en los pueblos y, cuando el cierre sea inevitable, garantizar transporte durante todo el año hasta los centros de las localidades vecinas.
Ideología estatal leal
Desde septiembre de 2022, todas las escuelas rusas imparten una clase semanal obligatoria denominada 'Conversaciones sobre lo que importa', con planes lectivos elaborados directamente por el Ministerio de Educación.
Entre los temas figuran los valores tradicionales rusos, el papel de Rusia en el mundo y la guerra de Moscú en Ucrania, que en los materiales oficiales se define como "operación militar especial", el único término que el Kremlin permite legalmente para minimizar la invasión a gran escala, junto a conceptos como "servicio a la patria" y "autosacrificio".
En 2023 se introdujeron nuevos libros de texto unificados de Historia para el alumnado de los últimos cursos y entre 2024 y 2025 para los cursos intermedios.
El manual unificado de Historia de 2023 describe Ucrania como una "cabeza de puente agresiva y antirrusa", presenta la invasión, ocupación y anexión en 2014 de Crimea por parte de Moscú como la corrección de una "injusticia histórica", y las sanciones occidentales se retratan como un intento de destruir la economía rusa.
Anna Wright, investigadora de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central, afirmó que estos libros "ocultan la verdad y tergiversan los hechos sobre graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por las tropas rusas contra los ucranianos". Wright calificó el adoctrinamiento de menores como "un intento cínico de erradicar la cultura ucraniana, su patrimonio cultural y su identidad".
Los manuales instruyen al alumnado para que no confíe en la información que encuentra en internet. Este verano se han actualizado, se ampliaron los capítulos sobre la guerra y se añadió una sección sobre la reunión entre Trump y Putin en Alaska.
Los libros fueron editados en parte por Vladímir Medinsky, asesor de Putin, exministro de Cultura y jefe de la delegación rusa en las conversaciones de alto el fuego con Ucrania.
Tras pasar a trabajar directamente en el Kremlin como asistente presidencial, fue nombrado presidente de la Comisión Interdepartamental de Educación Histórica, creada en 2021 para contrarrestar lo que Rusia denomina "falsificación histórica".
Su enfoque ha sido descrito como una retórica pseudohistórica destinada a construir una "ideología estatal leal". Está sometido a sanciones de la UE, Estados Unidos y Canadá.