Siete complejos para más de 20.000 internos se prevén para 2035, incluido uno en Jersón ocupada por Rusia, aunque la población reclusa ha caído de 465.000 a 282.000 desde 2021 por el reclutamiento de presos para la guerra de Ucrania.
Rusia planea construir siete grandes complejos penitenciarios de aquí a 2035, que agruparán tanto centros de detención preventiva como colonias penales, en virtud de un decreto del Gobierno que modifica el programa federal para el desarrollo del sistema penitenciario.
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Estos centros, que periodistas rusos han bautizado como "superprisiones", podrán albergar en conjunto a más de 20.000 personas, 5.380 en prisión preventiva y 15.120 ya condenadas.
Los complejos contarán además con salas de vistas y despachos para fiscales, abogados defensores y comisiones públicas de supervisión. El Gobierno prevé utilizar tecnologías de vigilancia y seguridad en todas las instalaciones.
Los complejos están previstos en las regiones de Kaluga, Astracán y Tiumén, en Buriatia y en el krai de Zabaikalie, así como en la parte de la región ucraniana de Jersón que se encuentra actualmente bajo ocupación militar rusa.
La primera instalación debería entrar en funcionamiento en Tatarstán antes de 2030. Los cálculos preliminares sitúan el coste de cada complejo entre 13.000 y 20.000 millones de rublos (134 millones de euros y 208 millones de euros), mientras que el coste total del programa se estima en más de 230.000 millones de rublos (2.400 millones de euros), según informan medios rusos.
El Ministerio de Justicia ruso sostiene que concentrar las funciones de prisión preventiva y cumplimiento de condena en centros únicos reducirá el coste de mantener a los reclusos entre un 25% y un 30% y permitirá amortizar la inversión en un plazo de diez años, principalmente gracias a la eliminación de los traslados de presos y a la disminución de las necesidades de personal.
La construcción prevista llega tras una fuerte caída de la población reclusa. A finales de 2021, Rusia tenía 465.000 personas detenidas, pero en 2026 esa cifra había descendido a 282.000, una disminución de casi el 40%.
El responsable del Servicio Federal Penitenciario, Arkady Gostev, declaró en mayo que la incorporación de presos como soldados contratados para la guerra de Rusia en Ucrania había contribuido de forma significativa a esa reducción.
El reclutamiento de reclusos comenzó en el verano de 2022, poco después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de ese mismo año, inicialmente a través del grupo Wagner, controlado por el Kremlin, y más tarde directamente por el Ministerio de Defensa.
Juristas y expertos en derecho han criticado estos planes. Advierten de que las normas internas en los nuevos centros probablemente se mantendrán sin cambios o serán más estrictas y de que trasladar las cárceles desde los núcleos urbanos a lugares remotos, especialmente en Buriatia y en el krai de Zabaikalie, complicará significativamente el acceso de familiares, activistas de derechos humanos y representantes legales a las personas encarceladas.
La tortura de reclusos sigue siendo generalizada
El sistema penitenciario ruso ha sido objeto de críticas constantes por parte de organismos internacionales de derechos humanos debido a unas condiciones que no alcanzan los estándares internacionales.
El relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Rusia concluyó en un informe de 2025 que la tortura seguía siendo "sistemática y extendida", con 258 casos documentados entre 2024 y 2025. Entre los métodos más habituales figuraban descargas eléctricas, palizas y simulacros de ejecución.
Tras el examen periódico universal de Rusia en 2024, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó a Moscú a tipificar la tortura como delito específico, reforzar la investigación de los casos denunciados y adecuar su marco jurídico a la Convención de la ONU contra la Tortura. Rusia rechazó la mayoría de esas recomendaciones.
Human Rights Watch documentó en 2024 que las autoridades rusas torturaron a los sospechosos detenidos en relación con el atentado contra Crocus City Hall, cerca de Moscú, en marzo de ese año, grabaron las sesiones y difundieron las imágenes.
Una misión de observación de la OSCE constató que las condiciones en los centros de detención rusos incluyen con frecuencia hacinamiento, instalaciones insalubres, alimentación y atención médica insuficientes y trabajos forzados.
Alexéi Navalni murió en febrero de 2024 en una colonia penal remota del Ártico donde cumplía una condena de 19 años. Medios independientes rusos habían informado de que la prisión era conocida por sus duras condiciones y por denuncias de torturas.
Rusia se retiró formalmente del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura en septiembre de 2025 tras su expulsión del Consejo de Europa, lo que puso fin a las visitas de supervisión de inspectores europeos a las cárceles rusas.
El relator especial de la ONU también ha documentado un resurgimiento de la psiquiatría punitiva, incluido el uso de tratamientos psiquiátricos obligatorios como instrumento de castigo contra personas procesadas por expresar posiciones contrarias a la guerra.