El Gobierno español cuestiona las garantías jurídicas del nuevo marco comunitario, especialmente la creación de centros para migrantes en terceros países, en plena presión migratoria tras la crisis de Ceuta.
España ha sido el único Estado miembro de la Unión Europea que ha votado este jueves en contra del nuevo Reglamento de Retornos, una normativa diseñada para acelerar las expulsiones de inmigrantes que no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario. Bélgica se abstuvo, mientras que Irlanda no participó en el respaldo por la neutralidad asociada a la presidencia rotatoria del Consejo.
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El rechazo español se produce en un momento especialmente delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez, después de la crisis migratoria registrada en Ceuta a finales de julio. Más de 70.000 personas cruzaron irregularmente desde Marruecos durante esos días y miles permanecían todavía en la ciudad autónoma a finales de septiembre.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió este jueves en Luxemburgo la actuación española y reclamó a sus socios europeos mayor solidaridad ante situaciones de presión migratoria. También aseguró que ninguno de los inmigrantes llegados a Ceuta había accedido posteriormente a otro Estado miembro, por lo que, según el ministro, el impacto sobre el resto de países de la UE había sido "cero".
La posición de Madrid, sin embargo, no supone un rechazo a acelerar los retornos en sí mismos. De hecho, Grande-Marlaska había solicitado en septiembre a la Comisión Europea cambios legislativos que permitan agilizar tanto los procedimientos de retorno como las solicitudes de protección internacional cuando se produzcan crisis migratorias excepcionales.
El principal desacuerdo se encuentra en algunas de las herramientas incluidas en el nuevo marco europeo. España ha planteado "serias dudas jurídicas, políticas y económicas" sobre la creación de centros de retorno en terceros países, uno de los elementos más controvertidos del reglamento. El Gobierno también ha cuestionado la posibilidad de que se alcancen determinados acuerdos con terceros países y ha advertido de que estos mecanismos podrían afectar a las relaciones bilaterales con socios estratégicos para España.
¿Qué cambia con el nuevo Reglamento de Retornos?
La normativa establece un sistema común europeo para hacer más rápidos y eficaces los procedimientos de expulsión de ciudadanos de terceros países que no tengan derecho a permanecer en la UE. Entre otras medidas, introduce mayores obligaciones de cooperación con las autoridades y refuerza la coordinación entre los Estados miembros.
Uno de los cambios más relevantes es que los países podrán establecer centros de retorno fuera de la Unión Europea mediante acuerdos con terceros Estados. Estos lugares podrán utilizarse como destino final o como puntos de tránsito antes del traslado de una persona a su país de origen u otro Estado. El texto establece que estas actuaciones deberán respetar los derechos fundamentales.
El reglamento llega además después de que el Parlamento Europeo lo respaldara en junio por 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, pese a la oposición española.
La crisis de Ceuta aumenta la presión sobre España
La aprobación definitiva se produce cuando la gestión española de la crisis de Ceuta continúa generando tensiones dentro de la UE. La Comisión Europea ha respaldado el retorno a Marruecos de las personas que permanezcan irregularmente en la ciudad, incluidos los menores no acompañados siempre que se cumplan las garantías específicas previstas por el derecho comunitario.
El Ejecutivo español también estudia cambios para acelerar los procedimientos de asilo y las expulsiones de parte de los inmigrantes llegados durante la entrada masiva de julio. Un borrador conocido esta semana contempla procedimientos más rápidos para las personas procedentes de países considerados seguros, aunque organizaciones sociales y expertos jurídicos han cuestionado algunos de sus elementos.
El voto de este jueves deja así a Madrid aislada en la aprobación de una de las principales reformas recientes de la política migratoria europea, aunque España comparte con sus socios el objetivo de acelerar los retornos. La discrepancia se centra fundamentalmente en cómo deben ejecutarse esas expulsiones, las garantías jurídicas del sistema y el recurso a centros situados fuera de la Unión Europea.