El líder independentista catalán celebró desde Waterloo, donde vive un exilio autoimpuesto desde hace 9 nueve años, la decisión del Supremo de levantar la orden de detención que pesaba sobre él por un presunto delito de malversación vinculado al 'procés'.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que gracias a una decisión del Tribunal Supremo ya puede regresar a España tras nueve años huido de la Justicia, celebró este martes el fin del proceso judicial que pesaba sobre él, pero advirtió que la amnistía que se le ha brindado "no es la solución" a las aspiraciones independentistas de una parte del pueblo catalán.
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"La amnistía no es la solución", aseveró Puigdemont durante una breve rueda de prensa celebrada en la localidad belga de Waterloo, donde reside desde que abandonó España después de que se dictara una orden de detención en su contra por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. "En cuanto a las relaciones Cataluña-España, no se soluciona nada hoy", subrayó.
El líder de Junts per Catalunya lamentó que el proceso legal al que se ha enfrentado en España desde entonces supone una "utilización impropia de los poderes judiciales" y consideró que "es propio de los regímenes autoritarios y, por lo tanto, es inaceptable en una democracia europea".
El expresidente de la Generalitat abandonó el país después de la declaración unilateral de independencia de Cataluña y de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sin embargo, la aprobación de la ley de amnistía en 2024 abrió las puertas a su posible regreso.
Pese a ello, hasta ahora, Puigdemont se arriesgaba a ser detenido si regresaba a España, ya que seguía vigente contra él la orden de detención por el delito de malversación. Este mismo martes, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejó sin efecto la orden de detención después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación.
El tribunal se ha pronunciado a raíz del recurso presentado por la exconsejera catalana Dolors Bassa, después de que el Tribunal Supremo rechazara aplicarle la amnistía al delito de malversación.
La cuestión de fondo era si el uso de dinero público para financiar el referéndum de independencia podía quedar cubierto por la ley de amnistía. El Supremo consideró que no, al entender que existió un beneficio personal de carácter patrimonial para sus impulsores. El Constitucional, por contra, rechazó esa interpretación.
En su comparecencia, el líder independentista, que ha descartado volver a España hasta la plena aplicación de la amnistía, sostuvo que decidió "irse al exilio para hacer política" con el objetivo de defender los derechos de los ciudadanos catalanes que, a su juicio, estaban "amenazados" por el artículo 155, y consideró que la decisión del Constitucional supone "una desautorización de la represión" a la que se han visto sometidos algunos de los responsables del 'procés'.