El aval del Tribunal Constitucional a la amnistía por malversación, sumado al levantamiento de la orden de detención nacional por parte del juez Pablo Llarena, despeja el terreno judicial y acelera la cuenta atrás para el regreso de Carles Puigdemont a España. Analizamos las claves de su regreso.
La retirada de la orden de arresto por el Tribunal Supremo y el respaldo del Constitucional a la amnistía abren la puerta al retorno de Carles Puigdemont. Casi nueve años después de su huida a Bélgica tras la intervención de la Generalitat mediante el artículo 155 y la declaración unilateral de independencia, Carles Puigdemont evita poner fecha a su retorno. Sin embargo, una serie de factores judiciales y políticos sitúan pronto su regreso a España a falta de despejar sus últimos condicionantes.
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La sentencia del Constitucional avala el recurso de la exconsellera Dolors Bassa contra la negativa del Supremo a amnistiarle la malversación, al concluir que la interpretación del alto tribunal vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva. La resolución abre así la vía para extender la medida de gracia al resto de los encausados por el 'procés'.
Aunque el fallo no atañe de forma directa al expresidente catalán, marca un giro decisivo: sienta la doctrina con la que el propio Constitucional examinará su recurso de amparo. Esta pauta jurídica aboca al tribunal a revisar la negativa del Supremo a amnistiarle la malversación por los gastos del 1-O, paso imprescindible para desactivar de forma definitiva su causa.
Vía libre sin arresto a la espera del fallo definitivo
Nada más confirmarse el aval del Constitucional, el juez instructor Pablo Llarena retiró las órdenes de detención nacionales contra Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. El movimiento despeja de inmediato el escenario judicial para el líder de Junts, que ya puede cruzar la frontera y regresar a Cataluña sin riesgo de arresto.
Desde su apresurada marcha en octubre de 2017, Puigdemont solo ha pisado suelo español en una ocasión: su cruce fugaz por Barcelona en agosto de 2024, en plena investidura de Salvador Illa. En aquel despliegue, el expresidente desafió la orden de arresto vigente antes de volver a eludir a las fuerzas de seguridad y esfumarse de nuevo con rumbo a Bélgica.
Tras notificar este miércoles el Constitucional su decisión sobre la amnistía a la malversación, el Supremo ha movido ficha abriendo un plazo de cinco días a las partes para formular alegaciones. Un trámite obligado previo a dictar el pronunciamiento definitivo sobre si aplica la medida de gracia a los procesados del 'procés'.
Puigdemont frena su retorno a la espera de la amnistía definitiva
El escenario queda dividido en dos frentes: mientras el juez instructor Pablo Llarena debe dictaminar sobre los huidos y aún no juzgados, Puigdemont, Comín y Puig, la Sala de lo Penal decidirá de forma paralela la aplicación de la amnistía a los líderes del 'procés' ya condenados.
Desde Waterloo y en una comparecencia sin preguntas, Puigdemont tildó el fallo del Constitucional de "derrota de los poderes españoles" que frenaban la ley, aunque evitó concretar el momento de su regreso. En las filas de Junts marcan los tiempos con prudencia: el expresidente no pisará suelo español hasta que la amnistía quede aplicada de forma plena y sin fisuras.
Por su parte, el abogado del expresidente, Gonzalo Boye, ha reconocido en declaraciones a 'VilaWeb' haber aconsejado a su cliente frenar un retorno inmediato. Aunque su panorama procesal está "bastante despejado", el letrado advierte de que la vía no queda libre de riesgos: de regresar ahora, Puigdemont evitaría la detención automática, pero nada impediría al Supremo citarle a declarar o decretar su ingreso en prisión preventiva. Una coyuntura que Boye resume como un escenario "no igual al de la semana pasada, pero parecido".
Procesado sin juicio: el limbo penal que frena a Puigdemont
A día de hoy, Puigdemont continúa procesado por un presunto delito de malversación y sin haber recibido formalmente la amnistía. A diferencia de su exvicepresidente Oriol Junqueras o de los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, el expresidente de la Generalitat jamás llegó a sentarse en el banquillo: su marcha a Bélgica en octubre de 2017 congeló el procedimiento en su contra, impidiendo que fuera juzgado y, por tanto, condenado.
El propio Constitucional encuadra la situación procesal de Puigdemont bajo la figura de "presunto autor de un delito de malversación". Tras la entrada en vigor de la amnistía, el juez Llarena rechazó archivar la causa al entender que el uso delictivo de fondos encajaba en las excepciones de la ley; de ahí que mantuviera la orden de detención nacional, aunque sí exoneró el delito de desobediencia.
Aquella negativa llevó a Puigdemont a recurrir en amparo ante el Constitucional, una vía aún pendiente de resolución. Ahora, el precedente sentado con Dolors Bassa ha forzado a Llarena a retirar el arresto cautelar, si bien el magistrado del Supremo debe examinar la sentencia íntegra antes de dictaminar si concede la amnistía definitiva al expresidente.
El Supremo tiene la última palabra sobre Puigdemont, Comín y los indultados
El instructor puede conceder la amnistía sin esperar al fallo del Constitucional sobre el amparo. No obstante, el levantamiento de la orden de detención es provisional, hasta nueva resolución judicial expresa, y no supone el archivo de la causa.
Por ahora, la resolución del Constitucional se ciñe a Dolors Bassa y exige al Supremo un nuevo pronunciamiento que amnistíe su malversación. Sin embargo, este criterio allana el camino para los demás dirigentes condenados a inhabilitación hasta 2031, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull, cuyos indultos de 2021 solo perdonaron las penas de cárcel. Su futuro político depende ya de la decisión final de la Sala de lo Penal.
En una posición idéntica se hallan los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Al igual que el expresidente, su marcha al extranjero evitó que se sentaran en el banquillo, por lo que siguen procesados. Llarena ha revocado igualmente sus órdenes de arresto nacional, aunque Comín tampoco ha concretado fecha para su regreso a Cataluña. La decisión sobre sus procesamientos queda, de nuevo, en manos del instructor.
El regreso como baza de campaña en un Junts desligado de Pedro Sánchez
El hipotético retorno de Puigdemont se vislumbra en las vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre, un escenario condicionado por la abierta ruptura entre Junts y el PSOE.
Distanciada del bloque de investidura desde octubre de 2025, la formación independentista escenificó el quiebre definitivo al certificar el rechazo a los decretos sobre vivienda, un revés parlamentario en el Congreso que aceleró el adelanto electoral.
Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cerrado la puerta de forma tajante a revalidar cualquier apoyo a Pedro Sánchez tras los comicios: "A Pedro Sánchez no le investiremos. Hemos salido escaldados", aseveró en 'TV3'.
Libre de condena o inhabilitación, Puigdemont cuenta con vía libre legal para encabezar una candidatura el 29N si así lo decidiera. De momento, el partido evita desvelar sus cartas. A la espera de que el Consejo Nacional ratifique las listas definitivas el 17 de octubre, Junts solo ha confirmado a Míriam Nogueras, Marta Madrenas, Isidre Gavín y Josep Maria Cruset como sus cabezas de lista por Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.
El expresidente catalán conserva su escaño en el Parlament, donde mantiene el voto delegado, por lo que su retorno culminaría el reingreso en la política presencial en Cataluña tras nueve años de itinerancia en el extranjero.